Principio de acuerdo entre fiscal y defensas en el primer juicio a la mara Salvatrucha en España. La Audiencia juzga a los detenidos por la Guardia Civil en 2014 por intentar crear desde Ibi esta organización en todo el país, un encargo que habrían recibido desde El Salvador los dos hermanos que presuntamente lideraban la «clica» (grupo). Éste recibió el nombre de «Proyecto 34» y en el momento de la operación policial ya se había arraigado en Ibi, Madrid, Barcelona y Girona.
La Audiencia de Alicante celebró ayer la primera jornada de este macrojuicio y, en el que en principio, se iba a destinar a que las defensas planteran cuestiones previas. Sin embargo, se convirtió en una maratoniana sesión de negociaciones entre la Fiscalía y las defensas para cerrar un pacto por el que los acusados podrían obtener sustanciosas rebajas de penas si confesaban los hechos que se les imputaban. Un representante de la Fiscalía Anticorrupción se había desplazado desde Madrid semanas atrás para tantear la posibilidad de acuerdos, sin embargo, éste no se materializó hasta poco antes de las 16.00 horas de ayer. Durante toda la mañana fueron frecuentes entradas y salidas de los abogados de la sala para plantear a sus representados las penas ofrecidas por el fiscal. Entre las defensas se encuentran los letrados Francisco Javier Moreno Arranz, Roberto Sánchez y Javier Carbonell. Al reanudarse la vista al filo de las 16.30 y cuando el juicio parecía que iba a comenzar para materializar el acuerdo, el representante del Ministerio Público reclamó la suspensión porque no había podido localizar a su superior jerárquico para que diera el visto bueno a los acuerdos alcanzados. También planteaba que uno de los acusados había denunciado haber sufrido amenazas esa misma mañana por dos personas que le habrían exhibido una navaja. El fiscal quería conocer el alcance de dichas amenazas y si suponía el tener que cambiar los términos del preacuerdo alcanzado ayer para alguno de los acusados. El jucio se suspendió y se reanudará el 8 de marzo, día en el que se zanjará si hay o no pacto.
El proceso se abrió contra 41 acusados, de los cuales seis encuentran declarados en rebeldía. Ayer mismo otro de los acusados no se presentó al juicio y se dictó orden de busca y captura contra él. Finalmente fueron 34 los acusados que se sentraron en el banquillo y todos ellos se mostraron dispuestos a cerrar el acuerdo. Las principales penas se piden para los dos hermanos que dirigían la clica de Ibi (bautizada como Big Crazy) y que recibían los alias de Darkin y Bigman.
Prisión preventiva
El fiscal habría planteado penas de algo más de diez años de cárcel para cada uno por declararse culpables. Ambos están en prisión pero deben quedar el libertad el próximo 30 de marzo si antes no cuentan con una sentencia, ya que en esa fecha se cumple el tope de cuatro años que un preso puede estar en prisión preventiva. Algunas defensas atribuían a esta circunstancia las prisas para cerrar un acuerdo ayer mismo. Hay otros tres acusados que llegaron de prisión, aunque se encuentran encarcelados por otros hechos.
Las negociaciones iban encaminadas a que aquellos que estaban acusados de su simple pertenencia a la mara, sin haber participado en actos violentos, no entraran en prisión. Fuentes de la Fiscalía incidieron en que muchas de estas personas eran jóvenes por hechos ocurridos hace cuatro años y que ya habían conseguido rehacer sus vidas, circunstancia que se había tenido en cuenta al negociar el acuerdo.
En el banquillo ayer no sólo se sentaban los integrantes de la clica de Ibi, sino también las de Madrid (llamada Providence), Girona (Normandi) y Barcelona (Dementes Criminales y Demonios Locos).
La intención era usar los mismos métodos de extrema violencia que tenía la banda en su país y en el momento en que se llevó a cabo la operación la mara de Ibi se disponía a asesinar al lider de una banda rival integrada por personas de nacionalidad rumana. La acusación les implica también en la planificación de otro asesinato en Barcelona de un testigo que habría visto un apuñalamiento de un «latin king» cometido por la mara en el Puerto de Alicante en 2012. Ninguno de los dos crímenes llegó a materializarse. Se les acusa también de financiarse del dinero de la venta de drogas, como marihuana y cocaína; y de haber tratado de blanquear dinero de las maras en negocios legales. Los pinchazos telefónicos de la Guardia Civil revelaron un constante contacto con los dirigentes de la mara en El Salvador.
