La Audiencia ha condenado a un año de prisión por un delito continuado de estafa a tres exdirectores de sucursales del Banco de Santander en Alicante por formar parte de un entramado que logró estafar a la entidad más de cinco millones de euros a través de préstamos hipotecarios en viviendas tasadas muy por encima de su valor real, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo condena también a un año de cárcel a dos socios de la empresa inmobiliaria que participó en las operaciones, así como al tasador que se encargó de hacer valoraciones hinchadas de los inmuebles a quien se le imponen dos años y tres meses de cárcel. El fallo absuelve a un cuarto director de sucursales, así como a una administrativa de la empresa de tasaciones por no haber quedado demostrada que estuvieran concertados con el resto de la trama.

El presunto cerebro del entramado, Jesús Fernández Utrera, no pudo ser juzgado ya que fue asesinado en el año 2008 en un ajuste de cuentas por narcotráfico. Otros miembros de esta red han tenido una docena de causas abiertas en la provincia por hechos similares a éste, en los que el otro gran perjudicado fue el BBVA.

El tribunal considera probado que los responsables de la empresa inmobiliaria, en connivencia con los directores de las sucursales, se dedicaron a captar a indigentes, toxicómanos y enfermos mentales a los que ofrecían pequeñas cantidades de dinero para ir a firmar préstamos hipotecarios. En algunos casos éstos ni siquiera eran conscientes de lo que iban a hacer. El banco autorizaba la operación al presentarse documentación de solvencia, como nóminas o declaraciones de IRPF, que estaba falsificada. Las tasaciones de las viviendas también estaban por encima del valor real, por lo que se obtenía un mayor importe de préstamo hipotecario. La sentencia contabiliza 147 operaciones durante el año 2001 a través de este modus operandi.

Engaño a la entidad

El banco otorgaba el crédito en la creencia de que ése era el valor real de los inmuebles y que los compradores eran personas con solvencia económica. El dinero prestado por la entidad financiera pasaba al patrimonio de la empresa inmobilizaria y se repartía con los otros acusados, según declara probado la Sección Décima de la Audiencia. El banco, que estaba personado en la causa como acusación particular, ante el impago llegó a ejecutar algunas hipotecas y obtuvo parte del dinero prestado. Dado que los hipotecados eran insolventes las pérdidas que sufrió por esta estafa ascendieron a 5,4 millones de euros, según la documentación aportada al proceso.

Cinco de los ocho acusados reconocieron los hechos en el inicio del juicio que arrancó en septiembre en la Sección Décima de la Audiencia alicantina. El único condenado que no había admitido responsabilidad alguna es el autor de las tasaciones a quien le han impuesto dos años y tres meses de cárcel.

Las declaraciones de los otros acusados que reconocieron los hechos han sido una de las pruebas que han determinado la condena del tasador. Uno de ellos declaró durante el juicio que el presunto cabecilla de la trama llegó a regalar un vehículo de alta gama al tasador en pago por estas irregularidades.

Los jueces valoran también los informes periciales que se han aportado, subrayando que en los dos presentados por la acusación se concluye que se aprecian «sobrevaloraciones en todos los inmuebles sobre los que se acusa (en unos más llamativos que en otros) pero siempre al alza y con el fin de suponer un mayor valor del inmueble, de modo que la valoración de la garantía frente al banco siempre fuera superior a la real».

La sala rechaza los argumentos de algunas defensas que plantearon una conducta negligente por parte del banco y decían que con los medios informáticos que tenía a su alcance podría haber descubierto las irregularidades desde el primer momento. Los jueces señalan que en la estafa cometida los acusados se orquestaron «para superar los controles normales de protección del banco» con el fin de obtener una suma económica en la tramitación de los préstamos, utilizando para ello documentos falsos de solvencia y tasaciones con sobrevaloraciones.