La Audiencia Provincial sentó ayer en el banquillo a un promotor acusado de una estafa inmobiliaria en un bloque de viviendas en pleno centro de Alicante en el año 2008. La mercantil Natanel estaba rehabilitando un inmueble en la calle Castaños y cuyo administrador era entonces el acusado, el empresario Manuel Martínez Catalá. Procesado y querellantes mantuvieron posturas ayer diametralmente opuestas en el juicio que quedó visto para sentencia en la Audiencia.
Los perjudicados aseguran que adelantaron 90.000 euros cuando firmaron el contrato por dos viviendas de un inmueble en la calle Castaños y sin que se les entregara aval bancario alguno por la promotora. Ante los retrasos de un año en la entrega, renunciaron a los pisos y exigieron la devolución del dinero, sin que éste les fuera reembolsado. Los querellantes son un matrimonio y la madre de la esposa que adquirieron dos pisos por un precio de 430.000 euros cada uno.
El acusado sostiene que los compradores se echaron atrás cuando las viviendas ya estaban terminadas porque el banco no les daba el crédito para pagar el resto de las viviendas, exigiendo éstos la devolución del dinero pero éste se había usado en la obra. Según su versión, habían llegado a un acuerdo verbal con los compradores para quedarse con lo entregado y no emprender acciones contra ellos. La sociedad fue vendida más tarde a otros propietarios que vendieron los pisos posteriormente.
El fiscal reclama una pena de tres años y medio de cárcel para el acusado por un delito de apropiación indebida al considerar que las cantidades entregadas debían haberse ingresado por la empresa en una cuenta especial para financiar el aval que cubriera cualquier imprevisto. Por su parte el abogado de la acusación particular, que ejerce el letrado Moisés Candela, reclamó penas que suman nueve años de prisión por delitos de apropiación indebida y de estafa.
El acusado aseguró ayer estar indignado con esta denuncia porque «todo el dinero se usó para la construcción de las viviendas y según las calidades contratadas». El promotor reiteró que las obras estaban terminadas y aseguró que los retrasos sólo fueron de ocho meses se debieron a «problemas burocráticos» por el tiempo que tardó Iberdrola en hacer la acometida a la red y a que los compradores estaban continuamente haciendo modificaciones en las características de las viviendas.
Por su parte, los denunciantes aseguraron que su marcha atrás en la operación nunca fue por falta de financiación para pagar el resto del dinero, sino por los retrasos. «Teníamos patrimonio suficiente para financiar la compra», señaló uno de los querellantes Asimismo negaron que realizaran cambios continuos, sino que todo quedó pactado desde el primer momento. Los perjudicados rechazaron que hubieran alcanzado acuerdo verbal alguna con la empresa. Remitieron un burofax solicitando la resolución de los contratos y la devolución del dinero, sin recuperarlo.
