«Maje ha actuado por motivos principalmente económicos, además de personales, ya que se ha librado del matrimonio con Antonio, al que no quería, para mejorar ostensiblemente su posición económica con la libertad que tanto ansiaba». Así de contundente es la conclusión final de la policía en las diligencias.

Es más, los investigadores desgranan los graves problemas que Maje tenía con sus suegros y su cuñado por el cobro de la herencia y por conseguir dinero de la cuenta que tenían en común.

La enfermera incluso había urgido al juzgado para obtener lo antes posible el informe de la autopsia. Al parecer, no buscaba los detalles de cómo había muerto su marido o si se había producido sufrimiento, sino que ese informe es el paso previo e imprescindible al certificado de defunción sin el cual no se puede tramitar ni la declaración de herederos, ni, por ejemplo, la pensión de viudedad: 1.100 euros con 14 pagas anuales, dado el salario que percibía Antonio Navarro en Ferrovial.

Y tres seguros de vida

Allegados a la víctima con los que habló en exclusiva Levante-EMV este fin de semana explicaron que, «desde que Antonio fue asesinado, no dejaba de llamar al agente de seguros para saber cuántas pólizas había».

La investigación policial ha revelado que había tres pólizas que cubrían la muerte de Antonio, pero, dado que fue asesinado cuando se iba al trabajo, se considera que ha ocurrido «in itinere», de modo que las compañías aún no se han pronunciado sobre quién debe pagar.

De momento, los abogados de la familia Navarro-Cerdán ya han adelantado que pedirán hoy mismo al juez el embargo cautelar la pensión de viudedad y la paralización del proceso de herencia -sujeto, de todos modos, a la emisión de una sentencia firme-. Buscan, con esa medida, que la acusada, actualmente en prisión, no pueda hace uso de ese dinero, directamente o a través de terceros, ya que «serviría como fianza, para afrontar una eventual indemnización a la familia por el asesinato de Antonio», han afirmado.