«Hicimos los que debíamos hacer». Así resumía el empresarios Enrique Ortiz anoche, al término de la primera sesión de la vista oral por la financiación irregular del PP, su satisfacción por el resultado de la estrategia planteada hace casi dos años por su defensa, el letrado Francisco Ruiz Marco, de llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Un pacto por el que el empresario reconocía que pagó irregularmente más de 300.000 euros al PP, lo que le ha supuesto el desembolso de más de 100.000 euros en concepto de multas, pero que le da la tranquilidad de saber que no ingresará en prisión por unos hechos por los que inicialmente la acusación pública le reclamaba 4 años.

Una estrategia a la que posteriormente se fueron sumando el resto de los empresarios acusados de pagos ilegales al partido, entre los que también se encuentra el alicantino Rafael Martínez Berna (expresidente de FOPA y de Coepa) y su hermano Tomás, y con la que todos han logrado permutar la petición de penas de privación de libertad por unas condenas dinerarias por las que las arcas públicas han recuperado, en total, cerca de dos millones de euros. Cada uno ha pagado entre 100.000 y 200.000 euros en función de los delitos de los que están acusados.

La únicas cuestiones previas que los representantes legales de los empresarios expusieron ayer al magistrado Vázquez Honrrubia fueron, por un lado, la aclaración por parte de la fiscal Myriam Segura del cambio de las penas de cárcel por las multas (que en realidad la acusadora pública ya había precisado aunque no se había entendido por los letrados) y, por otro, la posibilidad de que, una vez presten declaración, se les exima de estar presentes en la sala de vistas hasta que concluya el juicio, que será para abril. El magistrado se ha reservado la respuesta a esta petición hasta el final de sus comparecencias, que se ha fijado para mañana.

Quien ya no tendrá que regresar será el empresario José Enrique Fresquet, de Pavimentos del Sudeste, después de que el PSPV, acusación popular en este proceso y única que presentaba cargos contra él, los retirara. Una decisión que el magistrado comunicó a Fresquet con un imperativo y gráfico «váyase», que hasta en ese momento el acusado no tardó en acatar de inmediato.