El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha aprobado un plan de choque para aliviar la sobrecarga de trabajo de los juzgados de lo Penal de la ciudad de Alicante con la creación de dos unidades de apoyo. El acuerdo fue adoptado la pasada semana por la sala de gobierno de dicha institución, tal y como consta en el acta de la reunión, a propuesta de la junta sectorial de los magistrados de esa jurisdicción celebrada el pasado 1 de diciembre. La sobrecarga de trabajo en esta jurisdicción está provocando que algunos juicios se estén señalando a tres años vista desde el momento en que se registran en el juzgado.
El TSJCV ha acordado el nombramiento de dos magistrados de refuerzo de entre un grupo de especialistas en materia penal adscritos al llamado cuarto turno, de reciente incorporación, que colaborarán con un letrado de la Administración de Justicia nombrado exprofeso.
Las dos unidades de apoyo cuentan con tres tramitadores, pero la institución judicial autonómica va a pedir a la Generalitat que la refuerce con otros cinco funcionarios: dos de ellos gestores, otros tantos auxiliares y un cuarto tramitador. Cada unidad de apoyo deberá asumir unos 600 asuntos derivados por los ocho juzgados de lo Penal con sede en Alicante para tramitarlos hasta que haya una sentencia firme o el procedimiento sea archivado.
Esos juicios deberían celebrarse antes de un año desde la aprobación del plan de choque, según se recoge en el acta, y los nuevos órganos habrán también de asumir las ejecuciones de las sentencias. El acuerdo incluye la petición a la Conselleria de Justicia de la dotación de instalaciones y medios personales y materiales necesarios para el trabajo de las dos unidades para que éstas estén a pleno funcionamiento el próximo mes de enero.
En cualquier caso, la sala de gobierno del TSJCV considera urgente la puesta en marcha del Juzgado de lo Penal 9 de Alicante, que propone dedicar en exclusiva a la ejecución de sentencias, y pide a la Generalitat que le informe sobre la fecha exacta de su constitución, después de que su creación se aprobara por el Gobierno.
