El exdirector provincial de Costas en Alicante Fernando Paton ha sido condenado a tres años y tres meses de prisión junto a otros implicados en una red de fraude fiscal, según la sentencia de un juzgado de lo Penal de Alicante notificada ayer a las partes. A los acusados se les imputaba un fraude a la Hacienda Pública superior a los tres millones de euros por una operación de compraventa de terrenos en la calle Isla de Corfú de Alicante en el año 2007. Paton y otros miembros del entramado societario tienen otras causas abiertas en diferentes juzgados de Alicante por hechos similares y que están pendientes de ser enjuiciadas. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia Provincial.
La pena es superior a los dos años de cárcel que pedía la Fiscalía contra él por un delito de alzamiento de bienes, pero inferior a los seis años que le reclamaba el abogado del Estado por dos fraudes fiscales. Aunque la Fiscalía y la Abogacía del Estado acusaban a los responsables del entramado de dos delitos contra la Hacienda Pública, el magistrado los ha unificado al considerar que se trata de un delito continuado.
La operación bajo sospecha corresponde a la venta de dos parcelas en la calle Isla de Corfú de Alicante. Éste era el único activo de la sociedad propietaria del suelo. Todas las participaciones de la mercantil fueron adquiridas por un valor de 4,5 millones de euros por el entramado vinculado a los acusados el 1 de febrero de 2007, que no fueron abonados en el momento de la compra. En el mismo día, se nombraron nuevos administradores y se vendieron por nueve millones los terrenos a otros propietarios. La mitad del dinero se usó para sufragar la compra de las participaciones, un millón más a sufragar deudas y el resto del dinero (3,5 millones) se esfumó a través de sucesivas transferencias de grandes cantidades a sociedades instrumentales. La sociedad quedó descapitalizada en dos meses.
Otros acusados
El fallo declara probado que los acusados cometieron un fraude fiscal de más de tres millones de euros (dos por el Impuesto de Sociedades que no se declaró y 1,2 millones por el IVA al consignarse cuotas ficticias). El fallo impone tres años y tres meses de prisión tanto a Paton como a otros dos acusados, que aparecían al frente de las empresas vinculadas a la trama societaria. Asimismo, impone penas de un año y tres meses al asesor fiscal que presentó la falsa de declaración de IVA; así como un año y siete meses para un empleado de uno de los acusados como cómplice del fraude. Otros dos procesados, entre ellos la mujer de un acusado que estaba defendida por el abogado Francisco González, han quedado absueltos por no quedar probada su participación en la trama. En el jucio se retiró la acusación contra ellos.
El juez señala que Fernando Paton fue un cooperador necesario en el fraude fiscal cometido por los otros implicados. «El acusado niega cualquier relación con la operación Isla de Corfú, relación que ciertamente es inexistente a nivel formal», explica el juez, a lo que añade que «su responsabilidad radica en haberse lucrado con parte de las cantidades procedentes de la venta de los solares». Para llegar a esta conclusión, se apoya el análisis de las cuentas bancarias realizado por Hacienda. Para el juez, el ingreso de más de un millón de euros en las cuentas de Paton «indica la connivencia con otros partícipes».
El juez señala que las fechas, las sucursales y las cantidades en las que se extrae el dinero de unas cuentas y se ingresan en otras coinciden y «no hay pruebas que permitan atribuir a otro origen a esas cantidades». En la vista, Paton achacó esos movimientos a ingresos en sus cuentas para adquirir inmuebles o para devolver préstamos de negocios que tenía en común con otro de los acusados. Sin embargo, el juez subraya que no se ha aportado ni documentación ni testigos que avalen dichas afirmaciones». «El acusado participó en la defraudación recibiendo parte de lo defraudado, recepción que implica una previa planificación y una previa connivencia con quienes posibilitaron el acceso a sus cuentas desde su origen en la cuenta de la sociedad de Isla de Corfú», asegura el juez.
El fallo impone también a los tres principales acusados una multa de 3.295.023 euros por el dinero defraudado y que será sustituida por un año más de cárcel en caso de impago. Asimismo les inhabilita para obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscalers o de la Seguridad Social por un periodo de cinco y tres meses.
