Los nueve guardias civiles de Torrevieja y Pilar de la Horadada encarcelados desde hace más de un mes tras ser arrestados por sus compañeros dentro de una investigación por tráfico de drogas y corrupción han ido saliendo en libertad provisional durante los últimos días tras abonar las fianzas impuestas por la magistrada del juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja, Juana López Hoyos. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana informaron ayer a este diario que el juzgado ha impuesto fianzas de 3.000, 5.000 y 18.000 euros a los nueve agentes encarcelados y a otros dos investigados en la causa que también estaban en prisión.
Al menos hay 26 personas investigadas en esta causa y cuatro ciudadanos ajenos a la Guardia Civil aún siguen en prisión preventiva. Según señalaron las fuentes del TSJ la causa judicial está abierta por delitos contra la salud pública, tráfico de influencias, estafa, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad, revelación de secretos y cohecho.
Las fianzas se han fijado de acuerdo a la presunta implicación de cada investigado en los delitos y además del dinero la juez ha acordado como medidas cautelares la obligación de comparecer en el juzgado dos veces al mes, la retirada de sus pasaportes y la prohibición de salir de España. Asimismo, el juzgado mantiene la prohibición de tenencia de armas para los guardias civiles, medida que fue acordada tras su detención.
La AUGC pide aclaraciones
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Alicante ha difundido un comunicado sobre la puesta en libertad de los agentes en el que muestra su «complacencia ante tal decisión judicial» y solicita que se aclare públicamente «cuáles fueron los orígenes de la operación-investigación y cuáles han sido sus resultados reales».
Añade la AUGC que se deben dar explicaciones desde el organismo correspondiente sobre «quiénes eran los presuntos agentes delincuentes y qué agentes han sufrido daños colaterales».
La AUGC no entiende por qué no se ha informado a los medios de comunicación de que «no sólo se estaba investigando a agentes de la escala básica y que, presuntamente, se oculta que se investiga a suboficiales y oficiales», además de existir «presuntamente» una pieza del sumario abierta «solo para un oficial de alto rango».
La denominada operación «Sakura» fue iniciada a principios de 2016 por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante con el objetivo de desmantelar una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, red que contaba presuntamente con la presunta colaboración de varios guardias civiles. Además de estos hechos, las intervenciones telefónicas a agentes de la Vega Baja destaparon otras infracciones, por lo que hay otros agentes que no tienen relación con los compañeros supuestamente vinculados a traficantes.
