El presidente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Cerón urgió ayer a hacer reformas para agilizar la Justicia y evitar las demoras de hasta tres años que puede tener un procedimiento penal hasta tener sentencia. Cerón intervenía ayer en un acto organizado por el Foro de Debate Económico Germán Bernácer para hablar de las reformas necesarias en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El magistrado recordó que la ley actual data de 1892 y se ha convertido en un texto «parcheado, confuso. insuficiente y a veces contradictorio». Para Cerón es necesario abordar una reforma íntegra de la ley para luchar contra la delincuencia del siglo XIX, porque la ley «ya no aguanta más parches». Las reformas propuestas se apoyan en las apoyadas por los presidentes de Audiencias Provinciales de toda España en su último congreso celebrado en León.

Para Cerón, es «preocupante» el hecho de que una instrucción penal se termine en seis meses, en el mejor de los casos, y luego tarde hasta tres años en señalarse juicio en un juzgado de lo Penal. «Tras la sentencia vendrá el recurso a la Audiencia y después la ejecución de ésta no es nada ágil». En este sentido, recordó la implantación de los juicios rápidos en 2003 y que motivó en su día muchas críticas, «aunque después se han convertido en un éxito». Por eso abogó por procedimientos diseñados con celeridad.

Cerón asimismo incidió en la tendencia a desviar a la vía penal asuntos que quedarían más rápidamente solucionadas en la vía administrativa, «cuyas sanciones son mayores, se cobran antes, tienen un proceso más simple y no saturan los juzgados». El presidente de la Audiencia incidió también en el eterno problema de la falta de medios en la Justicia y abogó por una revolución tecnológica que la equipare con otras administraciones. Otras medidas propuestas fueron el potenciar las conformidades entre las partes antes del juicio, articular medidas para que los recursos no colapsen la investigación de una causa y apostar por la figura del fiscal instructor, dejando al juez durante la instrucción como un garante de los derechos constitucionales.