Un jurado popular declaró ayer culpable al empresario Fernando Jesús T.L., que estaba acusado de intentar sobornar al alcalde de Poble Nou de Benitatxell (Alicante), Josep Antoni Femenia, con 50.000 euros, según informó a Efe el abogado de la acusación particular, Joan Bertomeu.

El tribunal popular emitió sobre las 14.00 horas de ayer su veredicto de culpabilidad, con siete votos a favor y dos en contra, en el que, sin embargo, se muestra favorable a la suspensión de la condena, que será de dos años de cárcel, la mínima por un delito de cohecho activo.

De hecho, tras escuchar el dictamen, la magistrada que ha dirigido el juicio desde el pasado lunes en la Audiencia de Alicante celebró una vista en la que la fiscalía y la acusación particular no se opusieron a esa posibilidad.

El presunto intento de soborno se produjo el 29 de agosto de 2014, cuando el empresario, dueño de una gasolinera que el Ayuntamiento de Benitatxell había demolido para cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), acudió a una de las tiendas que el alcalde regenta en la vecina localidad de Dénia.

Ambos se fueron a tomar algo a la terraza de un bar cercano y allí el acusado le ofreció presuntamente al regidor 50.000 euros de los 150.000 que pensaba volver a reclamar a la corporación local por los perjuicios que le había ocasionado la demolición, si aceleraba el expediente.

Competencia

Durante la primera sesión del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Alicante, el empresario negó el intento de soborno y atribuyó la denuncia que Femenia presentó al día siguiente a la Guardia Civil a la amistad que el alcalde tenía con los dueños de otra gasolinera a la que hacía la competencia.

El martes, en la segunda sesión de la vista, el regidor confirmó en cambio el presunto intento de soborno y explicó que lo había denunciado para que no quedara «impune» y contribuir con su «granito de arena» a «sanear el sistema democrático» y defender la imagen de la «clase política».

El letrado del alcalde, Joan Bertomeu, del bufete jurídico Brotsanbert, reiteró que su cliente no tiene «ningún interés» en que el acusado entre en la cárcel, por lo que es favorable a la suspensión de la condena, que lleva aparejada, además de dos años de prisión, el pago de una multa de 5.400 euros.