En el año 2011, la Generalitat Valenciana renunció a quince juzgados que el Gobierno Central había creado para la Comunidad Valenciana (nueve de ellos en la provincia de Alicante) por no tener dinero para poder ponerlos en marcha. Durante los últimos años, la creación de nuevos juzgados en toda España ha estado paralizada por los recortes impuestos a causa de las políticas de austeridad adoptadas ante la crisis económica. Tras años de sequía, el Consejo de Ministros aprobó ayer un total de 93 nuevos juzgados en toda España. De ellos, 14 en la Comunidad Valenciana con nueve en la provincia de Alicante. Buena parte de esos juzgados son los mismos a los que se renunció en 2011 pero finalmente no se pusieron en marcha, aunque algunos no están en el listado y se crean otros nuevos. Hay órganos para las jurisdicciones civil y penal y que se repartirán entre las poblaciones de Alicante, Elche, Benidorm, La Vila Joiosa, Novelda, Orihuela y Torrevieja.

Según informó ayer el Ministerio de Justicia, en materia civil se pone en marcha el juzgado de Primera Instancia 13 de Alicante, el 5 de Benidorm y el 7 de Elche. Los tres se crearon en el año 2010 pero no llegaron a constituirse, como también se recuperan los juzgados mixtos (que tramitan causas tanto civiles como penales) número 4 de Novelda y también el cuarto de La Vila Joiosa. El Ministerio de Justicia recupera dos nuevos juzgados de lo Penal, el nueve de Alicante y el cuatro de Orihuela (que tendrá su sede desplazada a Torrevieja). Por último se pone en marcha el juzgado de Primera Instancia ocho de Elche, de nueva creación, para resolver pleitos de carácter civil.

Por último, se ha aprobado reconvertir un juzgado de Instrucción de Torrevieja (el número cinco) en otro de Primera Instancia (el cuatro), con lo que pasa de investigar asuntos penales a resolver pleitos de carácter civil. La decisión se ha adoptado tras caer el número de asuntos.

El Ministerio de Justicia firmó el pasado mes de julio un decreto por el que se ponían en marcha todos estos juzgados en España. El documento tenía que haberse aprobado en el Consejo de Ministros de la semana pasada, pero la crisis abierta por la deriva independentista de Cataluña ha provocado que la decisión se adopte una semana más tarde.

La conseller de Justicia Gabriela Bravo empezó a volver a reivindicar estos juzgados desde el año pasado y solicitó su puesta en marcha. La administración autonómica debe aportar los medios materiales y los funcionarios; mientras que el Gobierno pone al juez y al secretario (ahora llamado letrado de la Administración de Justicia).

El Ministerio de Justicia justifica la medida en la necesidad de adecuar la planta judicial a las necesidades existentes y garantizar a los ciudadanos la efectiva protección de sus derechos.

Buena parte de los nuevos juzgados que ahora se ponen en marcha están especializados en civil, una de las jurisdicciones más colapsadas ya que se encargan de resolver asuntos como reclamaciones económicas y desahucios.