La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado archivar el expediente abierto a José de Madaria, presidente de la sección penal de la Audiencia de Elche, por presiones a un juez de Orihuela para beneficiar a un condenado.
El promotor del expediente disciplinario había propuesto sancionar al magistrado con una multa de mil euros por falta grave, la misma pena que había solicitado el fiscal Luis Navajas. Sin embargo, la comisión disciplinaria (el órgano que tenía que resolver al respecto) ha resuelto por unanimidad archivar esta actuación al entender que Madaria «no presionó directamente sobre un caso concreto a su colega de Orihuela, sino que simplemente se limitó a recordar criterios generales», según informaron desde el órgano de gobierno de los jueces. La resolución, que ya le ha sido notificada al interesado, sólo puede ser recurrida por el fiscal.
El expediente se abrió a principios de año después de que un juez de lo Penal de Orihuela pusiera en conocimiento del CGPJ la grabación de una conversación telefónica en la que Madaria le instaba a que suspendiera la pena un condenado por dos delitos de prostitución que al final acabó ingresando en prisión.
A lo largo de estos meses el promotor de la acción disciplinaria ha tratado de determinar si los hechos denunciados podían ser constitutivos de una falta muy grave del artículo 417.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial o, alternativamente, de una grave del 418.2. El primero se refiere a «la intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o abogado». El segundo, por el que al final se acabó proponiendo la sanción, alude a «interesarse, mediante cualquier clase de recomendación, en el ejercicio de la actividad jurisdiccional de otro juez o abogado».
Conversación grabada
Un juez de lo Penal de Orihuela denunció ante el Consejo que en otoño del año pasado Madaria se había puesto en contacto telefónico con él interesándose por la suspensión de la pena a un condenado. Dada su insistencia, el juez acabó grabando una conversación que puso en conocimiento del CGPJ al entender que se trataba de un intento de presión.
Además de a Madaria, en el curso de la instrucción también se tomó declaración a la fiscal encargada del asunto por el que se interesó el magistrado. La representante del Ministerio Público aseguró que había recibido varias llamadas del Madaria para decirle que el hombre para el que pedía la suspensión de la pena fue condenado cuando era joven y que ahora había rehecho su vida y le provocaba tristeza que ingresara en prisión.
En el caso de la fiscal, a las llamadas se sumó la visita de alguien que se identificó como abogado y que aseguró que iba a verla de parte del magistrado, lo que le pareció «inaudito».En una de las conversaciones con Madaria, la acusadora relató que le explicó que había resuelto oponerse a todos los beneficios que se solicitaban para ese reo, a lo que Madaria le respondió que la Justicia tardía no es Justicia. En ese momento planteó otras posibilidades legales para evitar el ingreso en prisión, como la sustitución de la pena por trabajos en beneficio de la comunidad, según expuso en su día la acusadora pública.
Tras estas declaraciones y el resultado de las pesquisas llevadas a cabo durante la instrucción, el promotor de la acción disciplinaria propuso que Madaria, que está próximo ya a su jubilación, fuera sancionado por mil euros por una falta grave del artículo 418.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una propuesta que ahora la comisión disciplinaria presidida por el también magistrado Wenceslao Olea ha tumbado al considerar que Madaria únicamente «recordó criterios generales» en sus conversaciones sobre este asunto y acordar en consecuencia el archivo del expediente.
