El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, presidió ayer en la prisión de Fontcalent la celebración de la patrona de Instituciones Penitenciarias -Nuestra Señora de la Merced- y destacó el esfuerzo inversor de 2,1 millones presupuestado para este año en la cárcel alicantina con el fin de mejorar las instalaciones y la habitabilidad, importe al que hay sumar 1,3 millones gastados el pasado año.
Moragues aseguró asimismo que actualmente en Fontcalent hay 632 presos y 308 funcionarios, con lo que sale una ratio un trabajador por cada dos internos.
Por contra, los sindicatos ACAIP y APFP no respaldaron los actos lúdicos de la Merced y denunciaron en sendos comunicados la problemática del colectivo de prisiones debido a la falta de personal y al aumento de agresiones a funcionarios. Según la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, las cárceles de Alicante y Villena y el Psiquiátrico Penitenciario tienen ahora un déficit de 94 funcionarios de acuerdo a la relación de puestos de trabajo. La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias ha alertado del «actual colapso del sistema penitenciario» y la APFP afirma que la media de edad de los funcionarios de las prisiones del país supera los 46 años.
El delegado del Gobierno se refirió por otra parte a la importancia que tiene en la lucha contra el yihadismo los programas que se aplican en Fontcalent y otras cárceles para prevenir la radicalización de los internos.
Moragues, que estuvo acompañado del director de la cárcel, Santiago de las Heras, del subdelegado del Gobierno, José Miguel Saval, y del presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón, felicitó a los quince trabajadores, voluntarios y agentes que recibieron medallas o menciones honoríficas.
Entre los distinguidos se encontraba la asociación de vecinos La Prosperidad de San Gabriel por su colaboración con el cumplimiento de penas y medidas alternativas en tareas de utilidad social.
El delegado agradeció el trabajo de los funcionarios que desarrollan un papel clave para la reinserción de los presos a través de programas de educación, formación profesional y tratamiento contra violencia de género. «Los centros penitenciarios deben ser una escuela de libertad, espacios para que los internos encuentren nuevas motivaciones para vivir en libertad, aprendan a respetar a los demás, y hallen nuevas sendas por los que conducir su vida y a través de los cuales puedan reintegrarse a la sociedad», indicó Moragues.
