Un tribunal de Alicante tiene previsto comenzar a juzgar el próximo lunes a seis acusados que defraudaron, presuntamente, 8.168.245 euros a Hacienda con devoluciones indebidas del IVA a través de un conglomerado de empresas de automoción dedicadas a la compra y venta de vehículos de lujo, según fuentes judiciales.

La vista oral, que ya se suspendió hace meses debido a que la Agencia Estatal Tributaria (AET) y los procesados estaban negociando un acuerdo, se desarrollará en catorce sesiones diarias en la sección tercera de la Audiencia de Alicante, entre este mes y el próximo diciembre.

La fiscalía solicita provisionalmente para los implicados penas que oscilan entre los 5 y los 44 años de cárcel, y que suman en su conjunto 169 años, así como multas que en algunos casos alcanzan los 44 millones de euros por trece delitos contra la Hacienda Pública, otro de blanqueo de capitales y un delito continuado de falsificación de documentos mercantiles.

Según sostiene el ministerio público en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, cinco de los seis acusados -la sexta es esposa de uno de ellos- "se pusieron de común acuerdo para pretender lograr un beneficio patrimonial ilícito derivado de causar un perjuicio económico a la Hacienda Pública".

El fraude consistía en obtener una devolución indebida de IVA declarado como soportado o pagado "que en la realidad no habían satisfecho en la actividad empresarial a la que se dedicaban las sociedades que representaban y en las que prestaban sus servicios, que era la compra-venta de turismos", continúa el acusador.

Todas estas sociedades pertenecían al mismo conglomerado empresarial, el Grupo Auto Salon, dirigido por el principal encausado, Juan Andrés C.P., que se enfrenta a una petición de 44 años de cárcel, aunque no podrá ser condenado a más de 9, el tripl de la pena más alta solicitada por un único delito, como establece la legislación penal.

La trama se dedicaba a importar vehículos de alta gama de importantes marcas como Ferrari, Porsche, Audi, Jaguar o Mercedes, en la Unión Europea, sobre todo en Alemania, y los vendía después a terceros en sus concesionarios de Madrid y San Juan, principal base de operaciones del grupo.

Los acusados creaban empresas que en ocasiones se solapaban y otras veces se sucedían unas a otras en el tiempo con distintos domicilios sociales, según la fiscalía, pero todas ellas estaban controladas por Juan Andrés C.P. y tenían como finalidad defraudar al fisco.

Así, la trama compraba los vehículos en la UE sin abonar el IVA interno del país, pues esa operación de importación está exenta del impuesto, a través de sociedades supuestamente ajenas a Auto Salon pero controladas por el grupo a través de testaferros.

Esas compradoras iniciales, conocidas en el argot fiscal como "truchas", vendían después los coches a sociedades intermediarias o "pantalla", a las que sí repercutían, en teoría, un IVA que no ingresaban nunca en las arcas públicas porque tenían una vida mercantil efímera y sus administradores se hallaban ilocalizables.

Finalmente, las empresas intermedias revendían los turismos al entramado de concesionarios de Auto Salon, que reclamaba finalmente a la AET la devolución de unos impuestos que en realidad nunca había satisfecho.