Cinco procesados por una macroestafa de más de 5,4 millones de euros al Banco Santander, el mayor fraude con préstamos hipotecarios registrado en la provincia de Alicante, se declararon ayer en el juicio culpables de la trama dirigida presuntamente por Jesús Hernández Utrera, asesinado en 2008 en un presunto ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. Otros tres acusados rechazaron las acusaciones de la Fiscalía y la ejercida por el Banco Santander.
La vista oral está señalada en la Audiencia de Alicante para celebrarse en doce días entre septiembre y octubre. El acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía y los abogados defensores de la gran mayoría de los acusados acortará el juicio y el ministerio público rebajará la petición inicial de seis años de cárcel a cada procesado.
La trama que se enjuicia en Alicante se remonta a 2001 y consistía en la obtención de préstamos hipotecarios con tasaciones de viviendas sobrevaloradas, según la acusación de la Fiscalía y del Banco Santander. Los créditos iban a nombre de toxicómanos y personas sin recursos que, a cambio de una pequeña comisión, facilitaban su identidad e iban a firmar los préstamos.
Entre los ocho procesados que se sentaron ayer en el banquillo figuran dos socios de Jesús Hernández Utrera en la inmobiliaria CHS Núcleo Urbano 2001, cuatro exdirectores de sucursales del Santander, un tasador y la apoderada de la empresa de tasaciones. Estos dos últimos y uno de los exdirectores son los únicos que se declararon ayer inocentes y rechazaron las acusaciones.
El abogado del Banco Santander cifró en 5,4 millones de euros el fraude sufrido por la entidad. Los préstamos investigados en la causa ascienden a 147 y el arquitecto técnico que emitió los informes declaró ayer en el juicio que «nunca me dijeron que tenía que sobrevalorar las viviendas».
Diferencias de 100.000 euros
La Fiscalía y la acusación particular interrogaron a este acusado sobre las enormes diferencias entre las tasaciones realizadas y las emitidas posteriormente por otra empresa cuando se descubrió el fraude. Las diferencias eran elevadas, como el caso de una casa que el acusado valoró en 116.000 euros y la otra mercantil en 13.000. El acusado alegó que no disponían de herramientas como ahora, pero insistió en que no estaban «infladas» y que se ajustaban «al sistema del momento».
Asimismo, señaló que 2001 fue «un año complicado y me vi desbordado». Indicó que realizó un millar de valoraciones para la empresa «Norma Valoraciones» y más de mil para otra mercantil. El tasador trató de justificar las diferencias entre las tasaciones asegurando que «ellos no entraban en las casas».
Según los hechos objeto de la acusación que admitieron ayer cinco acusados, los socios de la inmobiliaria captaban a personas indigentes, adictas a sustancias tóxicas o con alteraciones psíquicas. Les ofrecían una pequeña cantidad de dinero a cambio de usar su identidad en las hipotecas. Les convencían para que fueran a una notaría con socios de la inmobiliaria y firmaban los préstamos autorizados por directores de sucursales del Santander que se habían puesto de acuerdo con los miembros de CHS Núcleo Urbano 2001. Para ello se usaron nóminas, declaraciones del IRPF y documentos de solvencia irreales. Al tratarse de tasaciones sobrevaloradas obtenían un mayor importe en los préstamos.
El dinero de los créditos hipotecarios iba al patrimonio de la inmobiliaria, que luego lo repartía entre directores de las sucursales y los tasadores, según la Fiscalía.
El administrador de Norma Valoraciones también ha fallecido y el abogado de la aseguradora con la que tenía contratada una póliza solicitó ayer al tribunal que fuera excluida de la acusación al quedar extinguida la responsabilidad penal por el fallecimiento del dueño, petición que fue desestimada.
La que fuera apoderada de Norma también declaró ayer y aseguró desconocer que hubiera irregularidades. Su firma también figuraba en tasaciones junto a la del arquitecto técnico y dijo que lo hacía por instrucciones del administrador. Hoy declararán los socios de la inmobiliaria.
