Rehabilitaban vehículos industriales, sobre todo furgonetas, que estaban dados de baja y tras manipular el cuentakilómetros para obtener más beneficios eran vendidos por toda España desde una empresa situada en Cox. Esa es la acusación que ha formulado la Guardia Civil contra los dos administradores de una empresa de compraventa de vehículos de Cox y el responsable del taller. No han sido detenidos pero sí investigados por delitos continuados de estafa y falsedad documental. Mediante este presunto fraude el establecimiento han vendido 76 vehículos con el cuentakilómetros manipulado en 21 provincias, según informó ayer la Comandancia de Alicante.
La Guardia Civil inició la investigación a finales del pasado mes de febrero después de que la Jefatura Provincial de Tráfico de Guadalajara detectara un aumento desmesurado de solicitudes de una empresa para la rehabilitación de vehículos industriales.
Firma intermediaria
Las pesquisas desvelaron que una empresa de compraventa con sede social en Cox estaba adquiriendo vehículos dados de baja para tránsito comunitario. Las compras las efectuaba a través de una empresa intermediaria con domicilio social en Madrid.
A estos vehículos les manipulaban los kilómetros y a continuación los trasladaba a una estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la provincia de Alicante con el fin de solicitar la expedición de un duplicado de las tarjetas de inspección y pedir luego un nuevo permiso de circulación. Como en la ITV no tienen obligación de mirar el histórico de kilómetros de los vehículos, por lo que los duplicados reflejaban los kilómetros manipulados.
El pasado mes la Guardia Civil intervino en la empresa de Cox y descubrió que había vendido 76 vehículos con el cuentakilómetros manipulado por todo el territorio nacional. A alguno de estos vehículos le redujeron hasta 400.000 kilómetros. De esta forma podían incrementar su precio de venta y obtener mayores beneficios de un modo fraudulento.
La Guardia Civil tomó declaración en calidad de investigados a los dos administradores de la empresa y al responsable del taller. A los tres les imputan presuntos delitos de estafa continuada y falsedad documental.
La denominada «Operación RestaCox» ha sido realizada por agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de los subsectores de Tráfico de la Guardia Civil de Guadalajara y Alicante, aunque también han colaborado agentes del GIAT de 21 provincias y de la Policía Judicial de las Comandancias de Vizcaya y Barcelona.
