16 de agosto de 2017
16.08.2017
Secuestrador de la hijastra del dueño de Seur

Condenan al secuestrador de la hijastra del dueño de Seur por amenazar a sus víctimas desde prisión

El juez considera probado que el acusado fue el autor intelectual de las cartas y las llamadas de teléfono que recibió la familia de la secuestrada para seguir exigiéndoles el rescate

16.08.2017 | 00:07
El acusado llega a los juzgados de Benalúa el día del juicio.

Los dos procesados como cómplices han sido absueltos.

La pesadilla de Andrea y de su familia no terminó con los tres días que la joven de 19 años estuvo secuestrada en el interior de un agujero en una zona de monte en la partida de El Bacarot amenazada con un subfusil por su captor, que tenía formación militar. Un juzgado de lo Penal ha condenado a tres años de cárcel a uno de los secuestradores de la hijastra del delegado de Seur en Alicante por seguir extorsionando a los padres de la víctima desde la cárcel con cartas y llamadas telefónicas para exigirles el dinero del rescate, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

El fallo impone un año y medio de cárcel a Vicente Manuel C. M. por un delito continuado de amenazas y otro año y medio por otro delito de obstrucción a la Justicia. Asimismo le condena al pago de una multa de 810 euros por quebrantar la orden de alejamiento que le impedía ponerse en contacto con sus víctimas. El magistrado no considera que los hechos hayan prescrito como pedía la defensa, pero admite que existen dilaciones indebidas al tardar el juicio cerca de siete años. Otros dos acusados, que estuvieron con él en prisión, han sido absueltos de haberle ayudado. Para el juez, el acusado principal se valió de ellos para hacer llegar su mensaje de amenazas, sin que éstos fueran conscientes de lo que hacían. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia.

El secuestro tuvo lugar en el año 2009 y por estos hechos, Vicente Manuel C. M. y su hermano fueron condenados a 16 años y medio de cárcel cada uno por la Audiencia de Alicante. Las amenazas por las que ahora ha sido condenado se produjeron entre diciembre de 2009 y agosto de 2010, cuando éste se encontraba en prisión preventiva por el secuestro. Tanto el padre como la madre de la joven secuestrada recibieron cartas y llamadas en las que se les reclamaba el pago de entre 300.000 y 400.000 euros o les matarían. Ninguna de las comunicaciones fueron efectuadas por el acusado directamente, pero el fallo considera probado que fue el autor intelectual de esas amenazas y que se hicieron con el objeto de «hacerles objeto de sus represalias por haber declarado como testigos de cargo contra él».

Vicente Manuel C. M. negó tener vinculación alguna con esas amenazas. Uno de los hechos en los que se apoya el juez para condenar es que la huella dactilar del acusado apareció en uno de los sobres amenazantes. También valora las declaraciones de los otros dos acusados, con quien el procesado coincidió en los centros penitenciarios de Villena y Zuera (Zaragoza).

Uno de estos reclusos aseguró que Vicente Manuel parecía obsesionado con el tema del secuestro fallido. El reo admitió que realizó una llamada desde un móvil desde la cárcel a instancias de Vicente Manuel y siguiendo las instrucciones que le había dado, a quien resultó ser el padrastro de la víctima. Le preguntó si conocía a Vicente Manuel y a su hermano y que les debía dinero, momento en que el secuestrador le arrebató el teléfono para decirle a su interlocutor «hijo de puta». El recluso dijo que pensaba que era una broma y que accedió a llamar porque quería que le dejara el teléfono para llamar a su familia. Aunque para el juez el motivo de la llamada estaba clara, no ve delito en la actuación del coacusado.

En cuanto al tercer procesado, éste admitió haber escrito una de las cartas pero alegó que actuó por temor a las represalias de Vicente Manuel en caso de negarse a hacerlo. El juez argumenta para absolverlo que éste no conocía las circunstancias de las personas a las que estaba escribiendo, por lo que lo absuelve. A este recluso, defendido por el abogado Gabriel Moratalla, también se le acusaba de haber realizado una de las llamadas amenazantes desde una cabina telefónica en Toledo, extremo que para el juez no ha quedado probado.

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