08 de agosto de 2017
08.08.2017

El cartero infiel

La Fiscalía reclama tres años de prisión para el repartidor acusado de guardar durante una década en un trastero de Alcoy más de 3.200 cartas sin entregar

08.08.2017 | 03:38
Un policía con la correspondencia intervenida en el trastero del acusado en mayo de 2015.

La causa va a ser juzgada por un jurado popular en la Audiencia de Alicante.

Más de 3.200 cartas sin repartir acumuladas a lo largo de una década en un trastero de Alcoy presuntamente por la persona que debía haberlas hecho llegar a su destino. Un cartero de Alcoy se enfrenta a una pena de tres años de cárcel por haberse apropiado de correspondencia durante el tiempo que estuvo destinado en la zona, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. La Fiscalía le acusa de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y se trata de una causa que deberá ser enjuiciada por un jurado popular. El Ministerio Público reclama además el pago de una multa de 2.700 euros, así como una inhabilitación de cuatro años y medios para desempeñar cualquier empleo público.

El hombre estuvo desempeñando entre los años 2002 hasta 2015 las funciones de repartidor en Correos en las localidades de Alcoy, Ibi y Alicante. A partir de 2007 adquirió la condición de trabajador fijo, prestando sus servicios en la unidad de Ontinyent. Las cartas desaparecidas tenían direcciones de Ibi y Ontinyent. La investigación se puso en marcha a raíz de una denuncia de una vecina en la que alertaba de que el sospechoso almacenada una cantidad inusual de correspondencia en un trastero. Correos ya había apartado al sospechoso del servicio tras detectar irregularidades en los envíos en diciembre de 2014. El despido se produjo en abril de 2015, a raíz del descubrimiento del trastero con los envíos sin repartir y que estaba anexo al domicilio del repartidor investigado.

A lo largo de los años, en el interior del inmueble se fue almacenando una gran cantidad de envíos que nunca llegaron a sus destinatarios. Como una sala del tesoro, en la que se encontraban correspondencia oficial de la Generalitat, 162 avisos de certificados, notificaciones oficiales, permisos de circulación de la Dirección General de Tráfico y talonarios de recetas. También acumulaba correspondencia de Sanidad, Trabajo y otros ministerios, de diferentes ayuntamientos, recibos de empresas energéticas, aseguradoras, bancos, tarjetas censales, propaganda electoral, cartas particulares, publicidad y sobres de otra índole. Entre los envíos recuperados había también algún cheque bancario, aunque no ha quedado constancia de que el acusado se haya apropiado de dinero.

La Fiscalía considera que el acusado incumplió con las obligaciones inherentes a su cargo al apoderarse del correo, no distribuyéndolo y ocultándolo en el interior del trastero, ocasionando perjuicios a los destinatarios de las cartas. Algunas de ellas, aún no han llegado a sus destinatarios ya que permanecen como pieza de convicción en el juzgado para cuando se celebre el juicio, que aún no tiene fecha en la Audiencia Provincial.

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