El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto sancionar al presidente de la sección penal de la Audiencia en Elche José de Madaria por presionar a un juez para beneficiar a un condenado, según confirmó este diario en fuentes judiciales. En el expediente, se considera que el magistrado cometió una falta grave y se plantea para él una multa de mil euros. Madaria tiene un plazo de nueve días para presentar sus alegaciones y posteriormente la comisión disciplinaria deberá decidir si impone la sanción, si archiva, o devuelve el expediente para solicitar una calificación más grave.
Tal y como publicó este diario el pasado 24 de mayo, un juez de Orihuela le grabó una conversación telefónica y denunció ante el órgano de gobierno de los jueces que el magistrado le había presionado para que suspendiera la pena a un condenado por dos delitos de prostitución que al final acabó ingresando en prisión para cumplir sendas condenas de un año y tres meses de cárcel.
Perfil psicológico
En su defensa, Madaria había pedido que declarara la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, para que explicara si estaba relacionada con la apertura del expediente contra él. Otras pruebas reclamadas por éste eran la declaración de un abogado personado en la causa en la que el magistrado habría querido influir; así como una prueba pericial para establecer el perfil psicológico del juez denunciante. Todas estas pruebas fueron denegadas.
El instructor considera que los hechos podrían ser constitutivos de una falta grave del artículo 418.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sanciona «interesarse, mediante cualquier clase de recomendación, en el ejercicio de la actividad jurisdiccional de otro juez o abogado». El expediente se abrió después de que un juez de lo Penal de Orihuela denunciara que en otoño del año pasado Madaria se puso en contacto telefónico con él interesándose por la suspensión de la pena a un condenado. Ante su insistencia, el juez acabó grabando una conversación que puso en conocimiento del CGPJ al entender que se trataba de un intento de presión. Con esta denuncia se inició una investigación que se ha venido tramitando durante los últimos meses y en la que han llegado a declarar Madaria y una fiscal a la que éste también recurrió.
Al igual que el juez, la fiscal, a la que sorprendió el interés en este caso del magistrado, habría recibido varias llamadas de Madaria, quien llegó a decirle que la persona para la que pedía la suspensión de la pena había sido condenado cuando era joven y que ahora había rehecho su vida y le provocaba tristeza que ingresara en prisión.
En el caso de la fiscal, a las llamadas se sumó la visita de un letrado que aseguró que iba a verla de parte del magistrado, lo que le pareció inaudito. En una de esas comunicaciones, la fiscal le habría explicado al magistrado que había resuelto oponerse a todos los beneficios que se solicitaban para este condenado, a lo que Madaria le habría respondido que la Justicia tardía no es Justicia, planteando otras posibilidades legales para evitar que ingresara en prisión, como la sustitución de la privación de libertad por otra de trabajos en beneficio de la comunidad. El 2 de noviembre de 2016 se requirió al condenado para que ingresara voluntariamente en prisión.
