El caso por el asesinato a tiros asesinato a tirosdel alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, ha pisado repentinamente esta semana el acelerador para afrontar los últimos coletazos de la instrucción judicial, tras años en los que la causa ha estado totalmente paralizada. El próximo mes de octubre se cumplirán diez años del crimen, aunque para el juicio todavía habría que esperar un año más y no se celebrará antes de finales de 2018. Esta semana, la Fiscalía ha presentado su escrito de acusación en el que se piden penas que suman 181 años de prisión para los siete procesados. El juzgado de La Vila Joiosa ha emplazado ahora a las defensas para que vayan presentando sus escritos de conclusiones, mientras la Audiencia tramita los recursos contra la decisión de que la causa se dirima por un jurado popular. Superados estos trámites, siempre que la Audiencia confirme las resoluciones del juez instructor, lo único que quedará será poner fecha al juicio. Un jurado popular se pronunciará sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados.
Con independencia de cuál sea veredicto, será un juicio largo cuya duración se estima en un mes. La Fiscalía ha pedido la comparecencia de hasta 45 testigos y siete peritos, que su sumarán a las declaraciones de los siete acusados. Los representantes municipales del Ayuntamiento de Polop tendrán que testificar en el estrado, junto a las trabajadoras del club de alterne en el que, según el sumario, se habría contratado el asesinato.
Alejandro Ponsoda murió días después de ser tiroteado a las puertas de su casa en la pedanía polopina de Xirles la noche del 19 de octubre de 2007 cuando regresaba de un acto público en el pueblo. Tras la conmoción inicial por el crimen, el sobresalto llegó cuando dos años después su sucesor en el cargo, Juan Cano, era detenido como uno de los presuntos inductores del asesinato. Desde el primer momento y una vez descartada una posible acción terrorista, la Guardia Civil tuvo claro que se trató de un asesinato por encargo. La investigación apuntaba a que Cano arrastraba durante años un rencor hacia su compañero de partido. Sobre todo después de que Cano fuera apartado por el PP de las listas municipales en las elecciones de 2003, a raíz de la aparición de una cinta en la que éste le pedía dinero a un empresario. En los años en los que estuvo ausente del Ayuntamiento, Cano habría intentado crear una gerencia de Urbanismo para seguir controlando esta cartera y manteniendo disputas con el concejal delegado. La situación dio un vuelco en las elecciones de 2007, donde Cano regresó al Ayuntamiento tras haberse presentado como el número dos en las listas del PP. Los enfrentamientos con Ponsoda crecieron, quien además se había quedado en minoría en apoyos en el partido frente a Cano.
La investigación señala que en el verano de 2007, una noche en la que Cano y otro de los acusados, el empresario Salvador Ros, se encontraban en el club de alterne Mesalina de Finestrat, empezaron a hablar de matar al alcalde. El gerente y uno de los propietarios del club, Ariel Gatto y Pedro Hermosilla respectivamente, les habrían ayudado a ponerse en contacto con los pistoleros que acabarían con la vida de Ponsoda. La primera persona a la que habrían llamado para proponerle el asesinato es quien ha implicado a todos los que ahora se sientan en el banquillo. Un testigo protegido, al que se ha dado una nueva identidad y que permanece en una dirección que sólo los investigadores conocen es una de las piezas sobre las que se sustenta el caso.
La investigación empezó a hacer aguas a medida que quedaba patente que salvo la incriminación del testigo protegido, pocas pruebas más había contra los investigados, que sostienen su inocencia. Las defensas comenzaron a socavar la declaración de éste, llegando a declarar en el proceso miembros de las fuerzas de seguridad que cuestionaban su credibilidad como confidente por su escasa credibilidad. A los ocho meses de su encarcelamiento, todos los investigados empezaron a quedar en libertad. Desde ese momento el caso quedó encallado, sin que los sucesivos instructores resolvieran si archivaban la causa para los acusados o la enviaban al banquillo. Incluso llegó a abrirse una causa independiente sobre los presuntos manejos urbanísticos de Juan Cano que acabó archivada. Tras años de inactividad, la causa por el asesinato se ha reactivado.
