27 de julio de 2017
27.07.2017

La Fiscalía reclama 181 años de cárcel a los 7 acusados de asesinar al alcalde de Polop

El Ministerio Público considera al exprimer edil Juan Cano uno de los presuntos autores intelectuales del crimen para sucederle en el cargo

27.07.2017 | 03:17

La fiscal solicita una indemnización de 120.000 euros para cada una de las hijas del político fallecido.

La Fiscalía ha pedido penas que suman un total de 181 años de prisión para los siete acusados de la asesinato del alcalde de Poblet Alejandro Ponsoda, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. Asimismo se pide una indemnización de 120.000 euros a cada una de las dos hijas del alcalde asesinado, y 3.555 euros a la Conselleria de Sanidad por los gastos sanitarios derivados de la asistencia a Ponsoda.

El escrito del ministerio público recoge conclusiones muy similares al presentado por la acusación particular, que ejerce el abogado Vicente Guerri, y pide 25 años de cárcel por asesinato para cada uno de los cuatro acusados de encargar el crimen (el exalcalde de Polop Juan Cano, el empresario Salvador Ros y los responsables del club alterne Mesalina de Finestrat, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto). Para los tres presuntos autores materiales (los checos Robert Franek y Radim Rakowski, así como el español Raúl Montero Trevejo), se reclaman 25 años por el asesinato, y dos años de cárcel por tenencia ilícita de armas.

La acusación relata los enfrentamientos entre Alejandro Ponsoda y Juan Cano, a raíz de que este último quedara relegado en las listas municipales de 2003 al Ayuntamiento de Polop debido a la aparición de unas cintas en las que Cano reclamaba dinero a un empresario. Cano acusaba a Ponsoda de no defenderle ante la dirección del partido y por tanto de no haber salido concejal. También recuerda que durante esos años trató de controlar el Urbanismo en la sombra a través de la creación de una gerencia que sería gestionada por él mismo, manteniendo enfrentamientos con el edil delegado entonces de esa cartera, Juan Andrés Llorens. En el año 2007, Cano consiguió volver al Ayuntamiento polopino al como número dos de las listas por el PP y ocupó el cargo de teniente de alcalde, sucediendo a Ponsoda en el cargo tras su muerte. La Fiscalía señala que con la vuelta de Cano al ayuntamiento los enfrentamientos con Ponsoda se recrudecieron «al tratar de imponer sus decisiones».

Siempre según la Fiscalía, Cano se puso de acuerdo con el empresario polopino Salvador Ros «que había tenido conflictos con el alcalde asesinado», por la animadversión que sentían hacia Ponsoda «por razón de su cargo». Para ello contactaron con los responsables del club de alterne Messalina de Finestrat y en una de las salas VIP del local propusieron al testigo protegido cometer el crimen por 35.000 euros. Al no ponerse de acuerdo con éste, los acusados contactaron con los otros tres procesados a los que conocían por ser asiduos a los clubs del alterne y con fácil acceso al mercado de las armas ilegales. En el escrito se cifra en 50.000 euros el dinero del asesinato.

El asesinato se cometió el 19 de octubre de 2007 a las 21.20 horas en el momento en que Alejandro Ponsoda llegaba casa en la pedanía polopina de Xirles. El alcalde fue tiroteado mientras esperaba en su coche a que se abriera la puerta del garaje. Ponsoda falleció ocho días después como consecuencia de los disparos que le alcanzaron en la cabeza. La acusación sostiene que dos de los sicarios efectuaron los disparos, mientras que un tercero les esperaba en un coche para huir.

Aunque todavía están pendientes de resolver los recursos de las defensas solicitando el archivo del caso, el juzgado ha emplazado a los letrados para que en el plazo de cinco días presenten sus escritos de conclusiones Este hecho indignó ayer a las defensas. El letrado Francisco González consideró «insuficiente» el plazo, mientras que la abogada Mariana Ivanova aseguró que pediría ampliarlo.

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