La Audiencia de Alicante ha condenado a cuatro años y medio de prisión a una mujer por robar de forma continua al anciano al que cuidaba, sacando dinero de sus cuentas y apropiándose de unos 180.000 euros en total. La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera a la mujer autora de un delito continuado de apropiación indebida y le impone también una multa de 3.150 euros.

Asimismo, la acusada, de 42 años, deberá indemnizar con 177.811,29 euros a un hijo del anciano, como su tutor, ya que éste fue declarado incapacitado por un juzgado en 2012 al presentar deterioro cognitivo desde 2009 y déficit de memoria, que se fueron acrecentando con el tiempo.

Los hechos se remontan a los años 2011 y 2012, cuando la procesada trabajó para el anciano octogenario como empleada de hogar y cuidadora en su domicilio de Alicante. Según la sentencia, por la situación mental del anciano, se ganó su confianza y fue autorizada a operar en varias cuentas bancarias "para que gestionara los pagos y gastos ordinarios y evitar que sus hijos pudieran conocer el dinero del que disponía e impedir que tuvieran acceso al mismo".

También la sentencia destaca que la acusada, "sabedora" del conflicto que distanciaba al anciano de sus hijos desde su divorcio, "fomentaba el aislamiento del anciano y consecuentemente su dependencia exclusiva de ella".

Además, se da la circunstancia que el anciano en este tiempo vendió un ático por importe de 240.000 euros.

Así, como indica la sentencia, la acusada a través de distintas operaciones bancarias hizo suyos 180.211,29 euros "que no han sido encontrados" resultantes de restar al último pago de la venta del ático (198.000 euros) 15.000 euros de la cancelación del préstamo hipotecario y 2.800 euros cono honorarios del abogado.

De este modo, la acusada, tras realizar varias transacciones y operaciones en el momento de su despido dejó "como único dinero un sobre con 1.500 euros y un saldo en las cuentas del anciano que no llegaba a los 900 euros".

Por otra parte, la sentencia aprecia la atenuante de dilaciones indebidas, ya que desde que la causa fue recibida en el juzgado de lo Penal número 7 de Alicante en diciembre de 2013 hasta que se dicta providencia pasan casi tres años "de paralización absoluta e injustificada". Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

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