Los responsables de una empresa que hacía decorados para la Ciudad de la Luz se sentaron ayer en el banquillo, acusados de fraude fiscal. Uno de los procesados es el que posteriormente a estos hechos fuera consejero delegado de Aguamarga Gestión de Estudios, una mercantil que gestionó el complejo cinematográfico, Javier González Duato. El fiscal pide penas que suman cinco años de cárcel para González Duato por dos delitos contra la Hacienda Pública, condena también solicitada para otro de sus socios en GIP Alicante Nine. En la causa estaba también imputada una tercera persona que no ha sido juzgada por haber fallecido.
El juicio quedó ayer visto para sentencia en un juzgado de lo Penal de Alicante, donde el fiscal y la Abogacía del Estado mantuvieron sus acusaciones contra los procesados por haber defraudado supuestamente 313.000 euros a través de la declaración del Impuesto del Valor Añadido (IVA) y del Impuesto de Sociedades correspondientes al año 2006, el primero en que la empresa estuvo funcionando.
Los dos acusados negaron ayer haber cometido fraude fiscal alguno y aseguraron que ellos no se encargaban de la parte de contabilidad de la mercantil. Según fuentes cercanas al caso, han mantenido que era el tercer socio quien se encargaba de las cuentas y la facturación mientras que ellos se dedicaban a otros menesteres. González Duato ostentaba el cargo de administrador único de la empresa, mientras que el otro procesado es un socio autorizado en una de las cuentas bancarias de la mercantil. El acusado fallecido también tenía la condición de socio y estaba autorizado en el uso de una de las cuentas.
La empresa GIP Alicante Nine se constituyó el 22 de febrero de 2006 con el objeto social de construcción y elaboración de ambientes y de decorados tanto para empresas del sector inmbiliario, como del sector audiovisual y parques temáticos. En definitiva, una de sus principales actividades era la construcción de decorados en las películas que se rodaban en el complejo cinematográfico de la Ciudad de la Luz. La mercantil se constituyó un año después de la apertura del complejo.
La denuncia se presentó tras una inspección por parte de la Agencia Tributaria en la contabilidad y facturas de la mercantil. En el IVA, los inspectores de Hacienda detectaron que los acusados habrían omitido en sus declaraciones operaciones realizadas respecto de determinados clientes y se habrían deducido cantidades en concepto de gastos que no se han acreditado y que el fisco considera como ficticios. En total, la cuota defraudada de IVA ascendería a 156.096 euros, según el escrito de acusación. En cuanto al Impuesto de Sociedades, Hacienda considera que también «se omitieron gastos de explotación y se dedujeron gastos inexistentes» y se estima la cuota defraudada en 157.713 euros.
Las acusaciones consideran que los hechos son constitutivos de dos delitos contra la Hacienda Pública por los que piden dos años y medio cárcel por cada uno de ellos. Asimismo se reclaman dos multas, una de 936.000 euros por el fraude del IVA y otra de 946.000 euros por el Impuesto de Sociedades.
