Un acusado admitió ayer en un juicio con jurado popular que mató de una puñalada a su expareja en Dénia tras vulnerar la orden que le prohibía acercarse y comunicarse con ella en virtud de una sentencia firme por malos tratos, según informaron a Efe fuentes de la acusación particular.
Los hechos ocurrieron el 14 de mayo de 2015 en el domicilio de la víctima y el sospechoso se enfrenta provisionalmente a una petición de la Fiscalía de 21 años de cárcel: 20 años por un delito de asesinato y un año por un delito continuado de quebrantamiento de condena.
Como hizo en sus declaraciones ante las fuerzas de seguridad y el juzgado instructor, el procesado confesó ayer, en la primera sesión de la vista oral, la autoría del crimen tras alegar que la víctima tenía «problemas con las drogas» y él pretendía «ayudarla», según las fuentes consultadas. El procesado tenía una hija en común con la fallecida y había sido condenado ya en diciembre de 2014 por maltratarla a una pena de 50 días de trabajos en beneficio de la comunidad y 16 meses de alejamiento.
Medida incumplida
Según la Fiscalía, el acusado incumplió esta última medida desde que fue dictada por el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Dénia y solía pernoctar en el domicilio de la perjudicada, ubicado en la avenida de Gandía de la localidad, varios días durante la semana, al tiempo que mantenía un constante contacto telefónico con ella.
El día del crimen, la pareja se acostó junta para ver la televisión en el dormitorio, pero mientras ella se quedó dormida él bajó, sobre las 2.30 horas de la madrugada, a la planta baja de la vivienda y supuestamente cogió un cuchillo de la cocina.
Según el fiscal, aprovechó que su pareja seguía durmiendo para «evitar cualquier reacción defensiva» y le clavó el arma en el cuello, lo que le provocó una hemorragia que desembocó en su muerte.
El procesado, que se encuentra en prisión provisional desde que fue arrestado, afirmó ayer desconocer si su expareja estaba durmiendo cuando la acuchilló, pues solo recuerda encontrarse «encima de ella» después de que hubiera fallecido.
Las fuentes jurídicas consultadas señalaron que la Fiscalía, las acusaciones particular y popular -ejercida por la Generalitat- y la defensa están negociando un acuerdo sobre la condena, una vez que el reo ha admitido el crimen.
Dicho acuerdo, que tendrá que ser validado por el veredicto del jurado popular, incluiría una rebaja sustancial de la pena por el delito de asesinato, de 20 a 15 años de cárcel, y de las indemnizaciones que el procesado debe pagar a su hija y a su suegra.
