El expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al presidente de la sección penal de la Audiencia de Alicante con sede en Elche, José de Madaria, después que un juez de Orihuela le haya denunciado por presionarle para beneficiar a un reo, se ha incoado por una falta muy grave o, alternativamente, grave.
Tras el aplazamiento hace unas semanas de su declaración debido al cese del anterior promotor de la acción disciplinaria, Jesús Fonseca-Herrero, será este miércoles cuando Madaria tendrá que comparecer ante el nuevo promotor, José Sierra, para responder de unas imputaciones que, en el peor de los casos, podrían acarrearle su expulsión de la carrera.
Tal y como ya publicó este diario, un juez de Orihuela le grabó una conversación telefónica y denunció ante el órgano de gobierno de los jueces que el magistrado le había presionado para que suspendiera la pena a un condenado por dos delitos de prostitución que al final acabó ingresando en prisión para cumplir sendas condenas de un año y tres meses de cárcel.
Acompañado de abogado
El expediente se ha incoado tras llegar a la conclusión de que los hechos denunciados podían ser constitutivos de una falta muy grave del artículo 417.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial o, alternativamente, de una grave del 418.2. El primero se refiere a «la intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o abogado». El segundo alude a «interesarse, mediante cualquier clase de recomendación, en el ejercicio de la actividad jurisdiccional de otro juez o abogado».
La declaración de Madaria, quien acudirá acompañado por un abogado, tendrá lugar en presencia del teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas.
Madaria, quien la ultima vez que estuvo en el CGPJ fue el pasado noviembre para defender su proyecto para presidir la Audiencia de Alicante, que no obtuvo ningún voto, ha declinado pronunciarse sobre este asunto, aunque en declaraciones anteriores a este diario aseguró que tomará medidas contra quienes pretenden manchar su nombre.
Insistencia
Un juez de lo Penal de Orihuela denunció ante el Consejo que en otoño del año pasado Madaria se había puesto en contacto telefónico con él interesándose por la suspensión de la pena a un condenado. Dada su insistencia, el juez acabó grabando una conversación que puso en conocimiento del CGPJ al entender que se trataba de un intento de presión.
Con esta denuncia se inició una investigación que se ha venido tramitando durante los últimos meses y que sigue el miércoles con las declaraciones de Madaria y de la fiscal a la que también recurrió el expedientado, que testificará por videoconferencia desde Orihuela.
Al igual que el juez, la fiscal, a la que sorprendió el interés en este caso del presidente de la sala penal de Elche, habría recibido varias llamadas del magistrado, quien llegó a decirle que la persona para la que pedía la suspensión de la pena había sido condenado cuando era joven y que ahora había rehecho su vida y le provocaba tristeza que ingresara en prisión.
En el caso de la fiscal, a las llamadas se sumó la visita de un letrado que aseguró que iba a verla de parte del magistrado, lo que le pareció inaudito. En una de esas comunicaciones, la fiscal le habría explicado al magistrado que había resuelto oponerse a todos los beneficios que se solicitaban para este condenado, a lo que Madaria le habría respondido que la Justicia tardía no es Justicia, planteando otras posibilidades legales para evitar que ingresara en prisión, como la sustitución de la privación de libertad por trabajos en beneficio de la comunidad.
El 2 de noviembre de 2016 se requirió al condenado para que entrara voluntariamente en prisión.
