La Audiencia de Alicante ha anulado las escuchas telefónicas en la investigación a una red de tráfico de cocaína, después de que casi la mitad de los trece acusados admitieran los hechos y pactaran una condena con la Fiscalía, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Seis de los procesados aceptaron una condena de seis años de cárcel; mientras que otros seis se acogieron a su derecho a no declarar mientras que sus defensas pedían la nulidad de las escuchas. Al haberse invalidado los pinchazos este segundo grupo ha quedado absuelto por estos hechos. Una última acusada, en cuyo domicilio en Alicante se encontraron tres kilos de cocaína, ha sido condenada pese a la nulidad, debido a que en su caso, las escuchas apenas revelaron nada de interés y el alijo pudo ser intervenido en virtud de los seguimientos y vigilancias a los que la sometió la Policía.
Los hechos se remontan al año 2014, cuando la Policía Nacional investigaba las actividades de una presunta red dedicada al traslado de cocaína a Alicante desde Madrid para su venta al menudeo en la ciudad y que abastecía a la zona del cementerio. Los agentes centraron sus pesquisas en un grupo de personas que gozaba de un elevado nivel de vida a pesar de que no tenían ninguna fuente de ingresos conocida. La operación culminó con la intervención de quince kilos de cocaína tras varios registros y la detención de un total de trece personas entre las dos ciudades.
En el proceso se constituyeron dos bloques entre las defensas. Por un lado las de los detenidos en Madrid que negociaron un acuerdo con la Fiscalía a fin de conseguir rebajas en las condenas si reconocían los hechos. Por el otro lado, estaban las defensas de los detenidos en Alicante, que pedían la nulidad de la investigación. Entre los letrados que han conseguido la nulidad de las escuchas se encuentran Moisés Candela, Aitor Esteban Gallastegui, Joaquín Lacy y José Manuel Yepes. Sólo un acusado del grupo de los detenidos de Madrid no quiso cerrar la conformidad y también ha quedado absuelto por la nulidad de los pinchazos telefónicos.
La Sección Décima de la Audiencia ha acordado anular parte de las escuchas al detectar que cinco de los autos por los que se acordaban no estaban firmados ni por el juez, ni por el secretario. «No se trata de una mera cuestión de orden procesal como la omisión de una simple firme en el seno de una compleja causa, porque ello afecta a cinco autos dictados precisamente en el momento clave de la investigación», dice el fallo que recuerda que en los primeros meses no se había avanzado nada en la constatación del delito.
Falta de control judicial
Los magistrados señalan que las distintas resoluciones carecen «de la más mínima indicación individualizada de la marcha de las investigaciones» y recuerdan que la complejidad de este tipo de causas «no debe impedir dar detallada cuenta a la autoridad» del avance de las pesquisas y que ésta «pueda ir delimitando el alcance mediante la concesión o no de nuevas autorizaciones».
La sentencia recalca que la causa tuvo «una falta de control judicial efectivo y eficiente» que coincide con «un devenir errático de la propia investigación que, pese a contar en octubre de 2013 con indicios válidos, discurrió posteriormente por terrenos más propios de la simple prospección que de la verdadera investigación de un delito». La nulidad de las escuchas ha conllevado la anulación de las pruebas obtenidas a través de éstas. Pese a todo, la sala entiende que la declaración autoinculpatoria de los acusados afincados en Madrid «permite su condena».
Uno de los condenados del grupo de Madrid era el dueño de un coche que la Policía estuvo usando durante seis meses un coche con un alijo oculto de seis kilos de cocaína intervenido a un narco, tal como publicó este diario el pasado 27 de diciembre. La droga fue localizada en un compartimento secreto tras un registro por la Policía de Alicante ante la insistencia del procesado de que le devolvieran su
