17 de mayo de 2017
17.05.2017

Sexta agresión a un funcionario en el Psiquiátrico de Fontcalent

Acaip denuncia que la Administración no atiende las quejas por la precariedad de personal y medios materiales

17.05.2017 | 00:12

El sindicato Acaip denunció ayer una nueva agresión a un funcionario que se registró la semana pasada en el Hospiital Psiquiátrico de Fontcalent. Esta es la sexta agresión que se registra este año en el Psiquiátrico y el interno implicado es el mismo que unos días antes dio un puñetazo a otro funcionario.

El incidente se produjo el pasado 9 de mayo en el Módulo de Agudos. Según informa Acaip en un comunicado, le dijeron al interno que debía regresar a su celda y entonces amenazó al personal con no entrar en ella si no le entregaban tabaco. Al no acceder al chantaje los funcionarios de servicio, el interno lanzó un puñetazo a la cara de uno de ellos, quien reaccionó con rapidez y apartó su cabeza para evitar el golpe. Los funcionarios avisaron al jefe de servicios, que se personó con otros trabajadores y lograron meterlo en la celda sin más consecuencias.

Acaip alerta en el comunicado del aumento exponencial de las agresiones de internos a funcionarios en todas las prisiones del país y precisa que el Psiquiátrico, con 280 internos, «es el que proporcionalmente peor parado queda en las estadísticas».

El sindicato recuerda que lleva mucho tiempo denunciando la precariedad laboral de los trabajadores del Psiquiátrico de Fontcalent debido a la falta de personal, formación y medios materiales y legales adecuados. Sin embargo, critica que la Administración no haya atendido las peticiones.

Los sanitarios son de los que se encuentran en peor situación porque se han amortizado las plazas que han quedado vacantes y han asumido una mayor carga de trabajo, según Acaip.

Por otro lado, Acaip denuncia el protocolo sobre agresiones firmado recientemente por la Administración y los sindicatos CSIF y UGT y asegura que «no añade nada nuevo a la situación ya existente». Acaip señala que el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como autoridad publica está condicionado a una «futura e hipotética reforma» de la ley penitenciaria, algo «inviable» con la actual composición del Congreso. Asimismo, se queja este sindicato de que el protocolo excluye las agresiones verbales que no desemboquen en una agresión física con lesión del trabajador. Igualmente, indica que venden como logro la atención psicológica a funcionarios en caso de agresión grave, prestación sanitaria que ya tienen.

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