La Fiscalía rebajó ayer, durante la última sesión del juicio, su petición de penas para los siete manifestantes acusados de protagonizar disturbios durante la protesta por la inauguración del AVE en Alicante el 17 de junio de 2013. Así, rebajó de 20 a 10 meses las solicitudes de cárcel por delitos de desórdenes públicos; de 3 años y 2 meses a 21 meses y 1 día las de atentado grave; de 15 a 10 meses las de otro delito de atentado y de 1 año a 6 meses respecto a las lesiones sufridas por un policía.
La representante del Ministerio Público también redujo a delito leve los daños registrados en un vehículo policial y reclama para los sospechosos entre diez meses y tres años y un mes de cárcel, como pena máxima. Asimismo la fiscal entiende también que concurre una atenuante por reparación del daño, ya que los acusados pagaron antes del juicio el dinero de las indemnizaciones que les reclaman. Concretamente les acusan de bloquear la salida del aparcamiento de la estación, así como de lanzar piedras a los agentes de la Policía y de agredirlos.
Los abogados defensores reclamaron la absolución de sus clientes, aunque de forma alternativa en el caso de que sean condenados, piden penas mínimas por atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas. Los acusados sostienen que no intervinieron en acto violento alguno, aunque alguno de ellos fueron identificados tras grabaciones de vídeo y fotografías de la protesta.
La sesión del juicio, que quedó visto para sentencia, estuvo precedida, del mismo modo que el lunes, por una concentración de apoyo a los procesados a las puertas de los juzgados. Ayer continuaron declarando testigos, la mayoría de ellos personas que participaron en la protesta y que fueron llamados por la defensa. Los colectivos que organizaron la manifestación han constituído una plataforma bautizada como Los Siete del AVE a través de la que reclaman la absolución de los acusados.
Entre estos testigos comparecieron la secretaria general del sindicato CCOO en l'Alacantí y Les Marines, Consuelo Navarro, y el actual concejal de Limpieza Viaria y Medio Ambiente de Alicante, Víctor Domínguez, de la coalición Guanyar Alacant.
La sindicalista aseguró que ella no presenció ningún comportamiento violento por parte de los manifestantes, ni que se lanzaran piedras o bloqueara la salida de los coches de las autoridades, entre las que se encontraba el entonces Príncipe Felipe y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. «Se trataba de una convocatoria pacífica», dijo.
Navarro afirmó que uno de los acusados, J.A.Q.S., que también es dirigente de CCOO, donde se encarga de «negociar convenios colectivos», tenía «una señal en la frente» tras la concentración a causa, al parecer de un porrazo de la Policía, pero se negó a acudir al hospital.
Por su parte, Domínguez aseguró que tampoco vio que se arrojaran piedras ni tenía constancia de daños en mobiliario urbano. El edil explicó que él recibió una sanción administrativa por su participación en la protesta, como más de treinta personas, aunque esas actuaciones fueron después archivadas.
«Varios colectivos nos reunimos con la Subdelegación del Gobierno porque no entendíamos qué estaba pasando, ya que no fuimos ni identificados durante la manifestación», indicó.
Otros testigos respaldaron la versión de los acusados, según la cual los incidentes se originaron cuando el inspector de Policía que resultó finalmente herido la emprendió a porrazos en solitario contra los manifestantes.
