La Audiencia Provincial ha condenado a dos años y medio de prisión al promotor de un edificio que se quedó a medio construir en Alicante, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo declara probado que pese a haber recibido cantidades superiores al millón de euros para financiar el proyecto, el promotor destinó este dinero a fines ajenos a este proyecto y le condena por un delito de apropiación indebida. Por estos hechos, también se sentaron en el banquillo un arquitecto acusado de falsificar certificaciones de obra y el director de la sucursal bancaria de la CAM donde se firmó el crédito para financiar la obra. El fallo no ha considerado probados los delitos que se les imputaban, ni que los tres acusados constituyeran una trama organizada para cometer una estafa inmobiliaria.
Los hechos se remontan al año 2004 cuando el acusado inició un proyecto en la calle La Unión de Alicante donde adquirió varios inmuebles para derribarlos y levantar un nuevo edificio en el solar. Algunos de los antiguos propietarios firmaron un contrato permutaban su antigua vivienda por otra en el nuevo inmueble. Otros adquirieron directamente pisos, plazas de garaje y trasteros en el edificio por los que abonaron cantidades cercanas a los 400.000 euros. El proyecto se financió a través de un crédito en la extinta CAM, por el que la caja iba financiando las distintas fases a medida que avanzaba la obra. Por parte de la caja se llegaron a prestar 1.034.060 euros. Sin embargo, el edificio jamás llegó a terminarse. En el año 2008, la obra estaba totalmente parada y abandonada, sin actividad alguna. Sin embargo, la Comisión Territorial de Riesgos de la CAM siguió autorizando nuevos importes del crédito a pesar de que los trabajos habían quedado abandonados.
Al arquitecto investigado se le acusaba de haber emitido certificaciones inexistentes a sabiendas de que la obra estaba paralizada, por lo que se le reclamaban dos años y tres meses por la Fiscalía; y seis años por la acusación particular. El arquitecto, que estaba defendido por el abogado José María Torras del bufete Ruiz Marco, ha sido absuelto al constatar que ni los propios peritos se ponían de acuerdo con el porcentaje de obra terminada, ni que la CAM tuviera en cuenta su informe al aprobar el nuevo crédito, por lo que no había quedado probado que tuviera una conducta dolosa, ni falsificara nada.
También ha sido absuelto el director de la sucursal donde se firmó el crédito y cuya mujer trabajaba como administrativa en la promotora. El fallo no declara probado ni que autorizara el crédito, ni sus condiciones, ni que estuviera de acuerdo con el promotor para estafar.
La Audiencia descarta que los hechos sean constitutuvos de estafa, al considerar que no hubo engaño. Según argumentan, la obra se inició y cuando se paralizó se encontraba muy avanzada. El perjuicio a los compradores se causó al destinarse el dinero a otros fines distintos a la finalización de las obras. Sin embargo, este delito no afecta a los afectados que optaron por la fórmula de la permuta porque en este caso no hubo desvío de fondos.
El fallo aplica para el promotor una atenuante de dilaciones indebidas al haber tardado la causa ocho años en juzgarse. La querella se presentó en junio de 2008 y la instrucción no se cerró hasta el año 2014. La causa se remitió a un juzgado de lo Penal en 2015 y éste lo remitió a la Audiencia, por entender que el asunto era de su competencia. El juicio se celebró a finales de 2016. La sentencia entiende que la demora, a pesar de la complejidad, del caso, ha sido extraordinaria.
