La Fiscalía solicita inicialmente tres años y medio de prisión para un hombre acusado de haber arrancado a a su pareja los piercings que llevaba con unos alicates, entre otras agresiones, en la localidad alicantina de Callosa de Segura.
Los hechos sucedieron en la vivienda que compartía la pareja en ese municipio, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), aunque no precisó la fecha.
La Fiscalía acusa al sospechoso de un delito de maltrato habitual y dos delitos de lesiones, por los que reclama penas que suman los tres años y medio de prisión.
Según la versión del ministerio público, el acusado se comportaba usualmente de forma violenta con la víctima, a la que solía propinar empujones y tortazos mientras la insultaba y amenazaba.
En una ocasión, sostiene la fiscalía, ella llegó a quedar inconsciente a causa de los puñetazos que recibió por parte del procesado, quien aprovechó el momento para, presuntamente, arrancarle los aros y pendientes que lucía en su cuerpo con unos alicates.
El juicio por esta causa ha sido señalado por la sección primera de la Audiencia de Alicante, una sala especializada en casos de violencia machista, para el próximo martes.
Evaluación de las víctimas
Por otro lado, el PSOE ha dirigido una serie de preguntas al Gobierno sobre la situación de las empleadas públicas víctimas de violencia de género y le ha consultado si es posible eliminar la burocracia para agilizar su reconocimiento y darles así una respuesta más inmediata desde las administraciones públicas.
Una burocracia que, según los socialistas, deriva de la aprobación por parte del Consejo de Ministros en noviembre de 2015 de una medida prevista en el II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres, por la que se establece el procedimiento de movilidad de las trabajadoras públicas víctimas de la violencia machista.
Las portavoces de Administraciones Públicas, María Jesús Serrano, y de Igualdad, Ángeles Álvarez, quieren saber además cuántas empleadas se acogieron el año pasado a la protección y al derecho de asistencia social integral recogido en esta resolución, que establece el «procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de la violencia de género».
De la misma forma, preguntan la cifra de mujeres que han pedido en 2016 acogerse a este derecho este derecho en cada una de las comunidades autónomas.
