21 de abril de 2017
21.04.2017
A través de sus empresas

Juzgan a un exdirectivo del Hércules por ocultar 1,6 millones a Hacienda a través de sus empresas

Juan José Huerga sostiene que todos los gastos estaban perfectamente declarados y que la acusación se basa en diferencias contables con los técnicos de la Agencia Tributaria

21.04.2017 | 02:58
Juan José Huerga, segundo por la derecha, ayer rodeado por el equipo que lleva su defensa.

El fiscal pide penas que suman más de tres años de cárcel.

Un juzgado de lo Penal sentó ayer en el banquillo al exdirectivo del Hércules Juan José Huerga acusado de haber usado sus empresas para ocultar los ingresos que tenía en el sector inmobiliario. La Fiscalía le acusa de dos delitos fiscales correspondientes a los años 2005 y 2006 por importes que suman 1,6 millones de euros y por los que pide penas de tres años y nueve meses de cárcel.

Aunque se acogió a su derecho a no responder ni a la Fiscalía ni a la abogada del Estado, Huerga sí lo hizo a las preguntas de su defensa para negar haber cometido fraude fiscal alguno. «Todo se declaró de la manera que nos dijeron nuestros asesores fiscales. Aquí no hubo ni dinero negro, ni negocios simulados» y recalcó que en esos ejercicios sus sociedades llegaron a pagar tres millones de euros en impuestos. Desde la defensa se subrayó que todo eran discrepancias contables con Hacienda que jamás deberían haber llegado al ámbito penal.

Los hechos se remontan a los ejercicios fiscales de los años 2005 y 2006 en los que Huerga estaba al frente de tres sociedades (Hobby Hotel, Neilbuzz y Neilhob) que, según el escrito de acusación, dirigía y controlaba. La Fiscalía y la Abogacía del Estado sostienen que Huerga imputó a estas sociedades ingresos que en su mayoría procedían de sus honorarios por sus actividades de intermediación inmobiliaria y que se facturaron repartiéndolas entre ellas. Del mismo modo, estas empresas habrían procedido a sufragar también gastos particulares de Huerga. Según las acusaciones se tratarían de operaciones cuya verdadera finalidad era ocultar a Hacienda sus ingresos y cifran en 372.069 euros la cantidad defraudada en 2005, así como 1250.516 euros en 2006.

Entre los gastos cargados a las empresas hay compras de productos de joyería, viajes y hasta vehículos. Una de las operaciones cuestionadas es el préstamo de un millón de libras a Huerga para la adquisición de un yate, crédito que se hacía para un periodo de quince años, sin establecer ningún tipo de interés, ni elevarse a escritura pública.

En el caso del yate, Huerga defendió que se trató de un préstamo para la adquisición de la embarcación de recreo y que se iba a usar con la finalidad de atraer inversores. La defensa insistió en que la actividad de Huerga era la venta de terrenos motivo por el que tenía que tener un gran nivel de gastos para moverse en los ambientes que frecuentaban sus clientes potenciales. También incidió en que entre las compras investigadas había plumas estilográficas que se usaban como obsequio a algunos de los inversores. En esta línea, incidió en que las empresas de Huerga tuvieron un beneficio cercano a los cinco millones de euros, por lo que nada hacía indicar que hubiera algún tipo de dificultad para reintegrar a las sociedades el dinero que le prestaban.

El exdirectivo del Hércules señaló que se llegaron a reingresar muchas de las cantidades que las empresas, que él dirigía y controlaba, pero que a raíz del estallido de la crisis económica la actividad cayó en picado. Desde las acusaciones se puso el énfasis de ingresos en las cuentas de las empresas por parte de Huerga por importes superiores a los 100.000 euros sin que llegara a acreditar su procedencia.

El juicio celebrado ayer en un juzgado de lo Penal de Alicante supuso una jornada maratoniana que comenzó a las diez de la mañana y finalizó hacia las siete y media de la tarde, con una pequeña pausa para comer de apenas tres cuartos de hora. Una sesión en la que tuvo lugar una guerra de peritos. Por un lado, los técnicos de la Agencia Tributaria que ponían en duda la realidad de los gastos imputados a las empresas; y por el otro los peritos de la defensa que sostenían la legalidad de las operaciones.

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