La Guardia Civil ha desmantelado una red que presuntamente se dedicaba a comercializar carne de caballo no apta para el consumo humano. Por el momento, hay una veintena de detenidos en un más de diez provincias españolas de siete comunidades autónomas. La investigación sitúa en el centro de la operación a un holandés aficando en Alicante desde hace un año y que ya fue arrestado en 2013 en otro operativo similar, según informó ayer el diario El País.
El juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Ponferrada (León) decretó el jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de ocho personas acusadas de pertenecer a esta red. Según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, otros cuatro detenidos fueron puestos en libertad con la obligación de comparecer los días uno y quince de cada mes en dependencias judiciales.
A los detenidos se le imputan delitos contra la salud pública, blanqueo, falsedad y pertenencia a organización criminal El juez que instruye las diligencias ha declarado secretas las actuaciones.
La denominada operación Gazel investiga una red ilegal de venta de carne de equino y hasta el momento han sido detenidas casi una veintena de personas en diez provincias de siete comunidades autónomas. Las irregularidades parten tanto del proceso de sacrificio de los animales como en la posterior distribución de la carne, según han señalado a Efe fuentes de la investigación.
Las últimas detenciones tuvieron lugar el jueves en la provincia de León, donde dos personas fueron arrestadas en el marco de esta operación está llevando a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Ese mismo día, los agentes de la Guardia Civil practicaron registros en Monforte de Lemos, en la sede de una empresa de pieles en el polígono de Reboredo, y en Vilalba, en el domicilio de un tratante de caballos de Codesido. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exigió ayer que se informe del destino de la carne de caballo ilegal relacionada con las detenciones y que se retiren todos los productos que pudieran haber llegado al mercado, tanto en España como en otros países de Europa.
La OCU instó a la Agencia española de Consumo, Seguridad alimentaria y Nutrición (Aecosan) y a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas a que de «forma inmediata» informen sobre el alcance del fraude descubierto por la Guardia Civil.
«El centro de la trama se encuentra en España, donde se sacrificaban caballos de forma ilegal para introducirlos en la cadena de alimentación sin cumplir los requisitos de salud pública», explicó la OCU, que aseguró que se trata de un fraude «idéntico» al que esta Organización denunció en 2013.
Entonces un análisis detectó la presencia de carne de caballo en productos de vacuno. Además, la OCU ha pedido que «se extremen los controles para detectar este tipo de fraudes», ya que en su opinión se trata de controles que «claramente se muestran insuficientes a la vista de la repetición en pocos años de fraudes similares.
