La recaudación de la venta de entradas de los campeonatos organizados durante tres años por la Real Federación Española de Taekwondo (RFET) y el destino del taquillaje es una de las líneas de investigación que mantiene abierta la Policía en las diligencias que se instruyen en un juzgado de Alicante por un presunto fraude cometido por la cúpula directiva de este organismo. En el último informe policial, donde se analiza la documentación aportada por el Consejo Superior de Deportes, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) plantea al juzgado de Instrucción número 7 de Alicante que se requiera a la Federación de Taekwondo documentación sobre dicho taquillaje para comprobar si se ha producido una apropiación indebida de dicho dinero, como baraja la Policía y la Fiscalía Anticorrupción.

El Consejo Superior de Deportes (CSD), que asegura no haber recibido aún oficialmente un ofrecimiento de acciones como perjudicado por parte del juzgado que investiga el supuesto fraude, ha comunicado a la Policía Nacional que «no existe justificación documental de la recaudación por venta de entradas de los campeonatos» y que solamente conocen «los importes estimados por este concepto para cada uno de los presupuestos y de forma previa a su aprobación», según señala la UDEF en su informe.

Los investigadores añaden que no han observado ingresos del taquillaje en las cuentas de pérdidas y ganancias de los diferentes años aportados al CSD, de ahí que hayan llevado al juez una propuesta de investigación para comprobar «la trazabilidad del dinero fruto de la taquilla cobrada en las diversas competiciones». En concreto piden al juzgado que requiera a la RFET para que aporte documentación contable sobre el taquillaje de 2013, 2014 y 2015 y el destino del mismo.

«Sueldo encubierto»

Otra de las propuestas de investigación que plantea la UDEF al juez es que se solicite documentación a la Generalitat y a la Federación Valenciana de Taekwondo para analizar las dietas alimentarias por importe de 751 euros que recibió mensualmente en 2012 el presidente de la federación valenciana, Víctor Pizarro, así como otras dietas y kilometraje. El CSD ha contestado a la Policía que dichos gastos no se justifican ante ese órgano pero sí informa de un pago de 750 euros a Pizarro en abril de 2010 en calidad de director de un campeonato.

El desglose de este pago son 9 días por 450 euros y 300 euros por 1.600 kilómetros de desplazamientos por Alicante, indica el informe policial. La Fiscalía Anticorrupción y la Policía sostienen que Pizarro, investigado en el juzgado junto al presidente Jesús Castellanos y otros miembros de la directiva de la RFET, cobraba un «sueldo encubierto».

Por otro lado, las presuntas irregularidades detectadas en un campeonato celebrado en Alicante en 2009, como ya publicó este diario la semana pasada, se referían a la inclusión de varios deportistas, entre ellos el olímpico Joel González Bonilla, como si estuvieran alojados las mismas noches en dos hoteles diferentes. Así figura en la documentación enviada al CSD para recibir las subvenciones de dicho organismo, entre ellas dos facturas de sendos hoteles por importes de 16.007 y 16.546 euros, según se desprende del informe de la UDEF.

Además de esta situación, la información recabada por la Policía desvela que había varios deportistas no convocados por la Federación Española de Taekwondo y cuyos nombres fueron incluidos en la justificación de gastos. Uno de ellos ha declarado hace varias semanas ante la Policía y ha asegurado que desde 2008 no ha competido, por lo que no pudo participar en el evento. Los otros tres deportistas pertenecen a la Federación Gallega y ésta pagó su alojamiento.

Facturas

La Policía también detecta en su informe presuntas irregularidades en dos competiciones celebradas en 2010 en Alicante, el Campeonato del Mundo Iberoamericano (19-25 de abril) y el Open de España (22-25 de abril). Entre otros aspectos, la UDEF cuestiona del Campeonato Iberoamericano una factura de 7.514 euros para el desplazamiento de 350 personas, una cifra «imposible de alcanzar», según ha declarado a la Policía el exdirector técnico de la Federación, Jesús Tortosa, quien apuntó que Estados Unidos ni siquiera participó y que en caso de haber asistido todos los participantes «sumarían un máximo de 56 deportistas».

De estos campeonatos celebrados en Alicante, cuyas fechas son coincidentes, la UDEF resalta las dietas de 22 días cobradas por tres de los directivos investigados: el secretario de la RFET, José María Pujadas (1.800 euros), el presidente, Jesús Castellanos (1.800 euros) y el tesorero-gerente, Miguel Pérez Otín (1.377), quien según la Policía cobró dietas por desplazamientos entre ambas competiciones cuando consta que estuvo alojado en un hotel de Alicante.

Sobre los ingresos de Miguel Pérez Otín, que es funcionario del Ayuntamiento de Barcelona, se refiere la Policía Nacional a «kilometrajes de dudosa credibilidad» y pide al juzgado que se informe a a Hacienda «de las posibles infracciones tributarias que pudiera estar cometiendo».