La Audiencia de Alicante ha condenado por sexta vez, por un delito de estafa, al responsable de una entidad de crédito que abusaba de personas con problemas económicos para hacer frente a sus hipotecas.
La sección segunda de la institución judicial ha impuesto al acusado once meses de prisión y una multa de 900 euros, al igual que ha hecho con otro prestamista que colaboraba con él y con un abogado dedicado a la misma actividad en Alicante.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, establece que los tres engañaron a la dueña de una vivienda que acudió a ellos en busca de una financiación que los bancos convencionales le negaban. La víctima acudió en primer lugar a dos de los procesados en noviembre de 2006 porque necesitaba unos 7.000 euros. Estos dos acusados la citaron en una notaría y constituyeron una hipoteca sobre su piso a cambio de un préstamo de 40.000 euros proporcionado por un tercer prestamista ajeno al fraude.
Aunque consignaron ese importe en el contrato, únicamente le entregaron 7.000 euros y, además, le hicieron firmar un documento según el cual ella estaba invirtiendo en la financiera 20.000 euros.
Una cuarta persona, un anciano que no conocía la operación, y a nombre del cual habían sido consignadas dos letras de cambio como contrapartida al crédito de 40.000 euros, instó la ejecución de la hipoteca en un juzgado.
La víctima, acuciada por el procedimiento judicial por el que podía perder su casa, se dirigió un año después a un abogado -el tercer acusado-, y éste volvió a engañarla, según la sentencia.
Concretamente, utilizó los poderes que su clienta le había dado para lucrarse a su costa, al obtener un crédito con garantía hipotecaria por 85.000 euros, pese a que la deuda contraída ascendía a 54.481. Esa diferencia monetaria nunca fue entregada a la mujer, quien tuvo que volver a hipotecar con otra financiera para evitar perderla.
El responsable de la entidad de crédito condenado, que acumula ya seis penas por hechos similares -tres de ellas, al menos, ya declaradas firmes por el Tribunal Supremo, por las que está en prisión-, se ha beneficiado en este caso de la atenuante de dilaciones indebidas porque el proceso ha durado más de nueve años.
