Un centenar de trabajadores del centro penitenciario de Fontcalent se concentraron ayer a la entrada de la cárcel para mostrar su «indignación» por las medidas sancionadoras que está aplicando la Inspección Penitenciaria en Alicante, en concreto a un funcionario del Psiquiátrico y a otros tres del centro de Cumplimiento que prestaban servicio en un módulo el día que se fugó un preso. A estos últimos se les ha propuesto una sanción de empleo y sueldo de un mes y medio para el encargado del módulo y de un mes para otros dos funcionarios, según fuentes sindicales.
La Inspección Penitenciaria les culpa de realizar mal el recuento en el módulo donde estaba recluido un interno cuando se fugo el 30 de marzo de 2016. La fuga fue detectada por la tarde y los funcionarios han sido expedientados por no hacer bien el recuento de la mañana, lo que habría permitido detectar antes la evasión.
Según un comunicado de los sindicatos ACAIP, UGT, APFP, CSIF y CC OO, estas sanciones tratan de ocultar la carencia de medios personales y materiales en la prisión y el aumento de agresiones a funcionarios, entre otras deficiencias.
Los sindicatos acusan a Instituciones Penitenciarias de intentar «encubrir la precariedad laboral con mano dura hacia sus trabajadores en lugar de subsanar estas carencias».
Sobre los funcionarios de Cumplimiento expedientados señalan que la Inspección olvida que dos trabajadores controlan a 180 internos repartidos en tres plantas con 12 galerías y otras dependencias. En cuanto al funcionario del Psiquiátrico, se le expedientó por perder de vista unos minutos a un paciente que saltó una valla y se ocultó en un contenedor, donde fue localizado, informan los sindicatos, que reclaman más medios y responsabilizan a la Administración de los sucesos ocurridos por las carencias que padecen.
