La acusada de contratar a unos sicarios para asesinar a la amante de su marido en Dénia se negó ayer a responder a las preguntas del fiscal y únicamente contestó a las de su abogado para negar cualquier tipo de implicación en el crimen. Un jurado popular juzga desde ayer y hasta el jueves de la semana que viene en la Audiencia de Alicante a los acusados del asesinato de Sandra Franco, que murió al recibir tres disparos en la cabeza el 15 de abril de 2010 cuando salió a abrir la puerta de su casa. En el banquillo, se sientan también los tres presuntos sicarios (dos ciudadanos polacos y un tercero sueco) acusados de ser autores materiales del crimen y a los que la procesada habría pagado 34.000 euros para ello y que declararán hoy.
El marido de la presunta instigadora está acusado de un delito de tenencia ilícita de armas, ya que se supone que la pistola usada era suya, aunque ésta nunca apareció. Las defensas aseguraron ayer que las acusaciones se basan en suposiciones policiales, sin que haya ninguna prueba contra ellos, e incidieron en que la Policía dirigió la investigación desde el primer momento hacia la mujer, descartando otras líneas que apuntaban a otros autores. Todos los procesados están en libertad, menos uno de los acusados de nacionalidad polaca que cumple condena por delitos cometidos en su país.
El matrimonio de nacionalidad alemana estaba afincado en Dénia, donde el marido tenía varios negocios. La Fiscalía sostiene que Silvia C. K. trató en primer lugar de amedrentar a la víctima mediante amenazas para que dejara a su marido, hasta que finalmente se puso en contacto con los sicarios que la mataron. El Ministerio Público relató que la mujer llegó a intentar sacar a la víctima de la carretera con su coche y una noche chateó con ella haciéndose pasar por el marido.
Préstamos
Según la acusación pública, el móvil no sólo era sentimental, sino también económico, ya que perdería su elevado nivel de vida si el marido la dejaba por otra. El fiscal pide para ella penas que suman más de 28 años de cárcel por el crimen y las amenazas. Según las tesis de la acusación, el marido se dedicaba también a prestar dinero a elevados tipos de interés, mientas que los sicarios a los que habría recurrido la mujer eran los encargados de cobrar la deuda por cualquier medio cuando el prestatario se retrasaba en el pago. La defensa del marido protestó porque las causas abiertas al marido por extorsión y blanqueo de capitales se archivaron en su día al no encontrarse pruebas.
La mujer negó haber tenido cualquier vinculación con el asesinato y sostuvo que sólo vio a la víctima un par de veces. Según su versión, ella sabía que su marido había tenido varias amantes y que a veces desaparecía durante días sin dar ningún tipo de explicación. La acusada negó incluso haber amenazado a la fallecida o haberla llamado. El abogado de la mujer, el letrado Fernando Crespo, aseguró que la Policía había descartado otras líneas de investigación. «La víctima era de nacionalidad colombiana y no se ha hecho ninguna comprobación para determinar si su muerte se debió a algún problema en su país», explicó al tribunal.
Al marido, Norbert C., se le piden veinte meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas. La investigación apunta a que la mujer cogió la pistola de la mesilla de marido para facilitársela a los sicarios y ésta pudo ser arrojada después al mar. En un registro en la casa, la Policía halló una caja con 150 cartuchos del mismo calibre que la pistola utilizada en el asesinato. El acusado también se negó a responder a las preguntas, tanto del fiscal como del jurado, contestando sólo a su abogado para negar haber tenido el arma o haber visto a su mujer amenazar a Sandra Franco. El matrimonio aseguró que a consecuencia de estos hechos habían perdido sus negocios.
Sin testigo protegido
La vista continuará hoy con la declaración de los tres presuntos sicarios. Los dos acusados de nacionalidad polaca admiten que trabajaban para Norbert C. pero sólo para labores de albañilería. Uno de ellos fue el hombre que delató a todos los implicados y llegó a plantearse que declarara como testigo protegido. Ambos serían los intermediarios que contrataron directamente al pistolero para que matara a Sandra Franco y le llevaron en coche tanto a la casa de la víctima como al aeropuerto. Este acusado se ha retractado de sus anteriores declaraciones y dice que fue presionado por la Policía, que le prometio frenar su deportación a Polonia si delataba al resto. En la actualidad cumple condena en su país por otros delitos y ha sido trasladado a España para el juicio.
El acusado de ser el autor de los disparos también niega el crimen y tener relación con el resto de los acusados. Según su abogado, el letrado Roberto Sánchez, trabaja en empresas de aire acondicionado y en las fechas del asesinato sólo estaba en España porque buscaba expandir su negocio.
