El juzgado de instrucción número 4 de Lleida ha acordado suspender cautelarmente las licencias de armas y de caza a Miguel Ángel F.S., el vecino de Abrera de 38 años dueño de la escopeta con la que fueron asesinados dos agentes rurales el pasado 21 de enero en Aspa (Lleida) mientras se instruye la causa.
El pasado 27 de febrero Miguel Ángel F.S. declaró ante el juez de Lleida y quedó en libertad con cargos.
En su auto, el juez apunta que el imputado como "cooperador necesario" en un delito de tenencia ilícita de armas, dio explicaciones "absolutamente inconsistentes", por lo que cree que hay "fundados indicios de que las armas -o al menos la escopeta Benelli calibre 12- nunca llegaron a salir de la posesión de Ismael Rodríguez (acusado del crimen) y que la titularidad de Miguel Ángel F. era puramente formal".
El juez cree que el investigado "carecía de cualquier control y supervisión de las mismas", lo que según él pone en entredicho "la solvencia que tenía para la custodia de armas y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la obtención de una licencia de armas y de caza, actividad íntimamente ligada a la autorización para portar armas".
Por este motivo, teniendo en cuenta la entidad de los hechos, el juez ha estimado la adopción de las medidas cautelares solicitadas por el letrado de la Generalitat, a petición del Departamento de Agricultura.
Por otra parte el imputado también está a la espera de los dos expedientes que tiene abiertos tanto en la subdelegación del gobierno de Barcelona como en la Intervención de Armas de la Comandancia de la Guardia Civil.
Tras el doble asesinato, la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Barcelona le denunció por una supuesta infracción grave a la Ley de Seguridad Ciudadana por negligencia en la custodia de las armas, denuncia que está en manos de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona esperando resolución.
Paralelamente, se le instruyó un expediente administrativo que podría conllevar la revocación definitiva de todas las licencias y permisos de armas. Por este motivo y de forma cautelar, mientras se resuelve el expediente, la Intervención de Armas le retiró todas las armas de fuego que tenía a su nombre.
El colectivo de Agentes Rurales había denunciado que Miguel Ángel F.S. seguía cazando a pesar de que la escopeta que figuraba a su nombre fue la que se usó en ese crimen.
