El promotor Ramón Salvador ha declarado hoy ante el juez que investiga las presuntas irregularidades por el Plan General de Alicante que se vio presionado a pagar 150.000 euros por el PGOU, aunque no ha concretado qué cantidad era por trabajos realizados o qué pudo ser "un peaje". El empresario ilícitano ha dicho que se vio presionado al pagar el dinero tras dos reuniones en la que estuvieron presentes tanto el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, primero, y otra con Sonia Castedo y el abogado Javier Gutiérrez. Ramón Salvador ha comparecido voluntariamente ante el magistrado Manrique Tejada. En el sumario del caso aparece que el empresario acudió al despacho de abogados de Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la ex alcaldesa, para conseguir que se recalificara un suelo que había dejado de ser urbanizable en la revisión del Plan General. Según el promotor, por los trabajos de los abogados pagó tres facturas de 50.000 euros cada una y considera que parte de este dinero pudo ser un peaje que tuvo que pagar a las autoridades municipales. El promotor aportó en su día dos de estas facturas y hoy ha presentado la tercera al juez.
