La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, presentó ayer el proyecto de su departamento para mejorar las instalaciones judiciales en la ciudad de Alicante intentando reducir la actual «dispersión». Bravo anunció la rehabilitación de los juzgados de Benalúa y la construcción de un edificio en los terrenos que iban a albergar el proyecto de la Ciudad de la Justicia promovido sin éxito por los gobiernos anteriores del PP. La iniciativa en la que se trabaja, presentada ayer, no cuenta por ahora ni con una inversión estimada ni tampoco con un tiempo de ejecución de las obras. Fuentes de la Conselleria de Justicia recordaron que el coste de la rehabilitación de Benalúa está fijado en unos 20 millones de euros, pero no concretaron el precio destinado para el nuevo edificio, que se construirá enfrente de los juzgados de Benalúa. Bravo sólo avanzó que la intención de la conselleria es que los trabajos para la nueva sede arranquen antes de terminar el primer semestre del próximo año.
La dirigente socialista, acompañada por el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, anunció ayer el acuerdo alcanzado entre la administración autonómica y el Ayuntamiento de Alicante para hacer realidad lo que calificó como «el barrio de la Justicia», un proyecto que prevé rehabilitar el edificio judicial de Benalúa y construir una nueva infraestructura destinada a albergar la jurisdicción civil, de menores, el Instituto de Medicina Legal y las sedes de los colegios profesionales (abogados y procuradores). En el acto celebrado en el salón azul del Ayuntamiento, al que también acudió el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, la titular de Justicia recordó que el Catálogo de Protecciones que tramita el tripartito, un documento que mencionó pero que no criticó, impide la realización el proyecto inicial que tenía la conselleria sobre la mesa.
Así, el departamento que dirige Bravo ha optado por la construcción de un edificio en un terreno anexo de 5.500 metros cuadrados de titularidad municipal que el Ayuntamiento de Alicante cederá a la administración autonómica a cambio de una parcela de unos 15.500 metros cuadrados de la conselleria ubicada en la avenida Doctor Rico (en San Blas), sobre la que planta la hoguera Polígono de San Blas, que pasará ahora a ser propiedad del Consistorio.
La nueva edificación anunciada ayer por la consellera podrá contar con una planta baja más cuatro pisos, hasta los 21,3 metros de altura, pero también tendrá la opción de construir plantas bajo sótano, según desveló ayer Pavón.
En su intervención, Bravo consideró que el proyecto consigue «la dignificación» de las sedes judiciales de Alicante y permite conjugar dos prioridades de las administraciones públicas en tiempos de crisis: la austeridad y la máxima rentabilización de los medios y el patrimonio públicos.
Por su parte, el alcalde valoró que se empiecen «a saldar deudas históricas» con Alicante y aseguró que la ciudad era, a nivel de Justicia, «muy, muy pobre», y no disponía de «juzgados dignos».
