La Audiencia de Alicante podrá juzgar la muerte a tiros de Sandra Franco. El juicio llevaba más de un año bloqueado sin poder celebrarse ante la negativa de Polonia de entregar a uno de los supuestos sicarios que intervino en el asesinato. Al ser una causa con jurado popular, era imprescindible que todos los acusados estuvieran ante el tribunal. En el banquillo se sientan una mujer de nacionalidad alemana acusada de contratar el asesinato de la amante de su marido y los tres presuntos sicarios. También está acusado el marido de la presunta autora intelectual del crimen por encubrir a su esposa y por tenencia ilícita de armas, ya que la pistola usada para cometer el asesinato era suya y no tenía licencia.

Según el escrito de acusación, el crimen se habría contratado por 34.000 euros. Veinte mil fueron para pagar al pistolero; y otros 14.000 se los repartieron entre los dos acusados que se habrían encargado de contactar con el tirador, recogerle en coche para llevarle al domicilio de la víctima y devolverle al aeropuerto para que huyera del país una vez consumado el crimen. La víctima murió de tres disparos en la cabeza el 15 de abril de 2010 en la puerta de su casa. El asesino llamó al timbre y disparó a la mujer por sorpresa cuando ella abrió la puerta.

Pese a las penas solicitadas, casi todos los acusados están en libertad esperando el juicio. Tan sólo faltaba uno por localizar, Darius E., uno de los supuestos intermediarios, que iba a ser juzgado en Polonia por otros delitos cuando se señaló este juicio por primera vez el año pasado. Las autoridades polacas rechazaban entregar al reo a España hasta que no fuera juzgado por los delitos que tenía pendientes en ese país. Finalmente, Polonia ha dado el visto bueno para la entrega del preso a las autoridades españolas para que sea juzgado por el crimen. La Audiencia de Alicante ha señalado este juicio para la segunda quince de marzo de este año, antes de Semana Santa.

El fiscal pide 24 años de cárcel para el autor material y 22 años para cada uno de los dos intermediarios. Para la mujer, considerada presunta autora intelectual del asesinato, se reclaman penas que suman los 28 años de prisión por asesinato y amenazas, ya que anteriormente al crimen habría estado amenazando a la víctima para que dejara a su esposo. Para el marido se piden 20 meses de cárcel por encubrimiento y por tenencia ilícita de armas.

El presunto autor material del crimen, representado por el abogado Roberto Sánchez, estuvo en prisión por estos hechos, pero la Audiencia acordó su puesta en libertad con fianza cuando se retrasó el juicio.