La Audiencia de Alicante va a poder juzgar a uno de los presuntos cerebros de la mayor estafa en multipropiedad y que llevaba al menos siete años fugado de la Justicia. El fugitivo, al que se le atribuye un fraude a 139 jubilados franceses que ascendía a 1,7 millones de euros, ha sido entregado por las autoridades francesas a la Audiencia alicantina para responder por estos hechos. El fiscal pide para Jean Paul Henri B. una pena de nueve años de cárcel por estafa en el juicio que está señalado el próximo 16 de enero. Otro de los presuntos cerebros del fraude, José Luis A. E., sigue en paradero desconocido y pendiente de responder penalmente por el presunto fraude.
La Audiencia ya sentó en el banquillo a cuatro de los implicados en la trama en el año 2012, todos ellos eran acusados secundarios y alegaron que eran ajenos al fraude. Los cuatro quedaron absueltos. La sala veía indicios de delito pero no consideró probado que estos cuatro acusados participaran en los hechos. El tribunal optó por juzgarles tras haber suspendido la vista hasta en tres ocasiones desde el año 2010, ante la incomparecencia de los dos supuestos cerebros de la trama. Un séptimo implicado no pudo ser juzgado por haber fallecido.
Los hechos enjuiciados se remontan a finales de los años 90 en Dénia, donde los acusados crearon un conglomerado de hasta siete empresas para cometer el presunto fraude. Las mercantiles implicadas se dedicaban a comercializar vacaciones en complejos de la Marina Alta mediante el sistema de tiempo compartido, es decir, el cliente pagaba por semanas de vacaciones en las instalaciones. La empresa ofertaba a los clientes la posibilidad de revender su semana a otras personas a un precio superior al que lo habían adquirido. La supuesta estafa se cometió porque los cheques que recibían los perjudicados no tenían fondos, o bien porque su semana había sido vendida a terceras personas sin consentimiento de los perjudicados. En su mayoría los afectados son jubilados de nacionalidad francesa que pusieron dinero en el proyecto confiando en que iban a contar con una plaza en complejo turístico de la provincia.
En teoría, más de un centenar de perjudicados tendrán que desplazarse desde Francia a la Audiencia para volver a declarar en el juicio y se ignora cuántos de ellos podrían haber fallecido, dada su edad.
En el año 2010, cuando el juicio se suspendió por primera vez, la sala ya optó por tomar declaración a todos los que se desplazaron a Alicante para que su testimonio pudiera contar como prueba el día que se celebrara la vista oral. Con la detención de uno de los presuntos cerebros del fraude se abre la vía a que los perjudicados puedan cobrar el dinero que perdieron.
