No cobraron el sueldo de noviembre ni la extra de Navidad y todo apunta a que tampoco percibirán el salario de este mes de diciembre. Son 21 vigilantes de seguridad privada de la empresa Segur Ibérica que prestan servicio en las prisiones de Fontanilles en Villena y Fontcalent en Alicante. El impago de los salarios ha dejado en una situación extrema a muchos de estos vigilantes, que han tenido que recurrir a sus familiares para subsistir con dinero prestado. El comité de empresa está preparando un calendario de movilizaciones para denunciar un conflicto laboral del que culpan tanto a la empresa como a la Administración, que «está haciendo una escandalosa dejación de su obligación de velar por el correcto cumplimiento del servicio», según señalan en un comunicado difundido ayer por el sindicato UGT.
La empresa Segur Ibérica está inmersa ahora en un concurso de acreedores y tiene en marcha un ERE que afectará a 321 trabajadores, según UGT.
El presidente del comité de empresa de Segur Ibérica, Luis Carlos Pastor, calificó ayer la situación de «sangrante» porque vigilantes que prestan servicio en Navantia en Cartagena sí han cobrado regularmente y los trabajadores de Fontcalent y Villena no, pese a que el Ministerio del Interior sí ha abonado el coste del servicio. «Se están embolsando el dinero y destinándolo a otros fines», sostuvo Pastor en declaraciones a este diario.
El 1 de enero el servicio de vigilancia en las cárceles lo prestará otra empresa y los 21 trabajadores de Alicante y Villena pasarán a depender de la nueva sociedad. El presidente del comité de empresa señaló que además de los 21 vigilantes de la provincia hay cerca de medio centenar más de trabajadores de las prisiones de Murcia y Valencia que tampoco han cobrado. La deuda con estos 75 trabajadores supera los 300.000 euros, según Pastor.
El comité de empresa ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y ayer comunicó a la Subdelegación del Gobierno la situación. Según UGT, el Gobierno debería haber controlado y evitado esta situación, que ha provocado en «un numeroso grupo de familias seria dificultades para cubrir sus necesidades básicas, lo que supone una situación indignante y profundamente injusta, especialmente en estas fechas». Los trabajadores siguen trabajando pese a que no les pagan el salario y se movilizarán hasta que la empresa y la Administración tomen las medidas necesarias para que los salario sean abonados en su totalidad.
