El origen de los más de 200 detenidos la pasada semana por integrar una red criminal que estafaba a ciudadanos chinos mediante timos telefónicos está complicando los trámites de extradición iniciados en la Audiencia Nacional, pues buena parte de ellos son nacionales de Taiwán. Treinta de ellos fueron detenidos en Alicante. La Policía española, en colaboración con la china y a petición de las autoridades de ese país, desarrolló la pasada semana la operación Wall con la que se desmontó una estafa de miles de ciudadanos humildes que residen en China a los que hacían pensar que estaban siendo investigados por las autoridades de su país.
Fueron 279 detenidos en Alicante, Barcelona y, sobre todo, Madrid. Pero 45 de ellos fueron puestos en libertad por haber venido a España engañados y tres recibieron condición de víctimas de trata de seres humanos tras denunciar que los tenían encerrados en un chalé en condiciones de esclavitud. Cuatro juzgados de la Audiencia Nacional, seis fiscales, seis traductores, decenas de funcionarios y hasta cien abogados de oficio trabajaron a destajo durante cuatro intensos días para tramitar a tiempo las peticiones de extradición de la justicia china.
Ahora, la justicia china tiene 40 días para presentar ante la Audiencia Nacional la documentación para probar los delitos de los se les acusa. Pero el problema añadido es que buena parte de los detenidos son de nacionalidad taiwanesa, al menos 47, según fuentes de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en España. Aunque España no tiene relación diplomática con Taiwán, por razones humanitarias y de reciprocidad, el Ministerio de Justicia, el de Asuntos Exteriores y la Audiencia Nacional trabajan de forma conjunta para facilitar a Taiwán un listado completo de los detenidos.
