El asesinato a tiros de la viuda del expresidente de la CAM que, según las pesquisas, podría haber sido cometido por un sicario se suma a la lista de crímenes perpretados por pistoleros profesionales. La crónica negra de la provincia de Alicante cuenta con más de un ejemplo de asesinatos por encargo, en el que la víctima elegida era ejecutada por un módico precio. Las Fuerzas de Seguridad han investigados casos en que se habrían pagado sumas que oscilan entre los 10.000 y los 70.000 euros para encargar un asesinato. Algunos de ellos han podido ser esclarecidos por la Justicia, otros permanecen en la más oscura de las nebulosas. La lacra de los crímenes por encargo llegó a la provincia de Alicante a finales de los años 80, especialmente en la zona de la Marina Baixa. donde servían para zanjar las diferencias entre grupos de narcos. Con los años, las motivaciones de estos crímenes han pasado a tener causas de lo más diverso y no se limitan al ajuste de cuenta entre grupos mafiosos.
La muerte a tiros de Maria del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, ha recordado desde el primer momento a un asesinato llevado a cabo por un pistolero profesional, aunque este extremo todavía deberá ser confirmado cuando se esclarezca el crimen. Durante la fatídica noche del viernes 9 de diciembre, algunos recordaron la noche de otro viernes, la del 19 de octubre de 2007, en la que el alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, fue tiroteado en la puerta de su casa. Las dos víctimas se encontraban al volante dentro de su coche en el momento en que fueron sorprendidas por sus respectivos asesinos.
En el caso de Polop, Ponsoda esperaba a que se abriera la puerta del garaje de su casa en la pedanía ilicitana de Xirles. El munícipe regresaba de un acto oficial con motivo de la celebración del Día Internacional del Sida. Nada le hacía sospechar que dos pistoleros aguardaban la llegada a su casa para acabar con su vida, mientras un tercero les esperaba con un coche en marcha para huir. Ponsoda falleció días después tras debatirse entre la vida y la muerte por los disparos que le alcanzaron en la cabeza. Los primeros momentos fueron de desconcierto y hasta se llegó a pensar en la posibilidad de un atentado terrorista. Descartada la participación etarra se empezaron a repasar todas las opciones, desde alguna represalia por asuntos urbanísticos a alguna venganza relacionada con su vida personal. Como en el caso de la muerte de Maria del Carmen García, el tráfico de llamadas aquella noche también fue investigado por la Guardia Civil. Las detenciones de los sospechosos no se produjeron hasta dos años después, cuando un testigo protegido relató a los investigadores que le habían ofrecido 50.000 euros por matar a Alejandro Ponsoda, aunque al final fueron otras personas las que efectuaron el encargo. El sumario apunta como autor intelectual del crimen a la persona que sucedió a Ponsoda en la Alcaldía, Juan Cano. Los siete acusados sostienen que son inocentes y que los verdaderos culpables son otros. El sumario está a punto de cerrarse para enviar la causa a la Audiencia.
La misma cantidad, 50.000 euros, se habría pagado para la ejecución de otro crimen por encargo en el que la víctima fue una mujer colombiana de 34 años a la que dispararon en la cabeza en su casa de Dénia cuando fue a abrir la puerta, el 16 de abril de 2010. La investigación apunta a que fue la esposa del hombre con quien la víctima tenía una relación sentimental la que encargó el asesinato. El pistolero habría cobrado 20.000 euros y cerca de 30.000 los intermediarios que se encargaron de contactar con el pistolero y trasladarlo. El propio marido ha acabado también imputado por encubrir a su esposa. El juicio todavía no ha podido celebrarse en la Audiencia debido a que falta uno de los acusados que está en prisión en otro país y las autoridades todavía no han autorizado la extradición a España.
En algún foro de Internet, la Policía ha llegado a detectar anuncios de supuestos sicarios que piden hasta 10.000 euros por llevar a cabo estos trabajos.
Un poco menos profesional fue el intento de una mujer en Benidorm por intentar contratar a un hombre para que matara a dos policías de la Comisaría de Benidorm que habían formado parte del operativo para que los Servicios Sociales le retiraran las custodia de sus hijos en febrero de 2014. Un total de 30.000 euros ofreció a un conocido por acabar con la vida de las agentes. Sin embargo, éste denunció a la mujer en la Comisaría cuando vio que el encargo iba en serio. La Audiencia la condenó a diez años de cárcel el año pasado. La Audiencia sentó en el banquillo a dos acusados de haber intentado contratar a otro hombre para que mataran a dos mujeres, en casos diferentes y en los que el hombre que recibió la oferta acabó denunciando el ofrecimiento en la Comisaría.
Los crímenes a sueldo no siempre se ejecutan por pistoleros. En abril de 2012 apareció el cadáver de un perito judicial en el interior de la nave de su empresa en la partida de El Bacarot. La investigación apuntaba a una deuda de hasta 400.000 euros con un socio de negocios. Un presunto inductor y el autor material fueron detenidos por estos hechos, pero fue muy difícil demostrar la relación del presunto autor intelectual con los hechos y en el juicio salió absuelto. El acusado de llevar a cabo el crimen, no sólo admitió haber dado algunas de las puñaladas que acabaron con la vida de la víctima, sino que la Policía halló restos de sangre en su ropa y algunos objetos que pertenecían a ésta. El autor material admitía claramente los hechos pero culpaba también al hombre que le contrató, quien, según decía, llegó a sujetar a la víctima. El asesino tenía prometido el cobro de 70.000 euros de la deuda de 400.000 que iban a cobrar. A la cárcel únicamente fue el autor material, mientras que el inductor quedó absuelto por falta de pruebas.
Porque una de las mayores complicaciones en la investigación de este tipo de crímenes no es sólo dar con los sospechosos, sino después encontrar las pruebas que permitan condenar a los culpables.
