La presunta red criminal de estafadores chinos -la Policía ha detenido hasta el momento a 238 ciudadanos en España- llegó a embolsarse 16 millones de euros a través de timos telefónicos a compatriotas humildes que residían en China, a los que hacían pensar que estaban siendo investigados por las autoridades de su país. Un total de treinta personas han sido detenidas en Alicante, donde ayer ingresaron en prisión tras comparecer en el juzgado de guardia y ahora quedan a disposición del juzgado Central de Instrucción cinco de la Audiencia Nacional en Madrid. Algunos de ellos expresaron su rechazo a ser extraditados a China, donde se les reclama por estos hechos, al asegurar que no se sienten ciudadanos de este país, sino de Taiwán. La comparecencia se prolongó hasta las ocho de la tarde, mientras que en la Audiencia Nacional en Madrid hubo que habilitar un despliegue especial para poder interrogar a más de 200 detenidos.
Una gran estafa, en palabras de los responsables policiales, que han calificado la operación, denominada Wall (muro en inglés), como la más importante desarrollada entre la Policía española y la china, y con la que se ha desmantelado una organización de ciudadanos chinos que, desde una veintena de chalés aislados y de lujo en las provincias de Alicante, Barcelona y, sobre todo, Madrid, cometían una simple pero suculenta estafa telefónica.
El comisario general de Policía Judicial, Eloy Quirós, junto con otros mandos, el director de la Policía china y efectivos de este país, explicó que esta red robó a miles de familias y ciudadanos chinos humildes sus escasos ahorros, hasta el punto de que la estafa condujo al suicidio de un joven tras haber abonado a la trama el dinero con el que poder pagar sus estudios.
Como él, miles de ciudadanos chinos cayeron el otro lado del teléfono en el planificado engaño de esta red, cuyos líderes están en el país asiático, pero controlaban el funcionamiento de la trama con lugartenientes en cada una de las viviendas que servían para la comisión de estos delitos. En cada uno de las veinte chalés investigados vivían y cometían la estafa entre 20 y 30 ciudadanos chinos (se trasladaban temporalmente a España exclusivamente para cometer el delito), ajenos al exterior hasta el punto de que bajaban las persianas para pasar desapercibidos.
Y como si se tratara de un operador, cada uno contaba con una mesa, de un teléfono y de un listado de números de ciudadanos chinos previamente seleccionados como potenciales víctimas.
A partir de ahí, los estafadores seguían un guión, ha señalado el comisario principal responsable de la Unidad de Delitos Telemáticos, Eugenio Pereiro, «basado en la ingeniería social» y, por supuesto, aprovechándose de la idiosincrasia china.
De esta forma, en una primera llamada advertían a la posible víctima de que iba a ser objeto de una investigación para, en llamadas posteriores «meter el miedo en el cuerpo» de esos ciudadanos diciéndoles que estaban inmersos en unas pesquisas policiales, con el objetivo final de «en una cuarta o quinta llamada» convencerles de que trasfieran dinero a una cuenta oficial.
Un mecanismo engrasado en el que han caído miles de ciudadanos chinos, mientras los estafadores que participaban en el delito de forma voluntaria y, de hecho, se trasladaban a España para ello. «Llegaban a España, alquilaban esas viviendas que pagaban religiosamente y después de varios meses desalojaban los chalés y regresaban a China», señaló Pereiro. Ante tres juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional empezaron a pasar a primera hora de la tarde de ayer los primeros detenidos.
