28 de noviembre de 2016

Investigan a una pareja por ocultar una orden de derribo para vender un chalé de 30 millones

La Guardia Civil imputa a un matrimonio de l'Alfàs un supuesto fraude, por intentar traspasar una vivienda de lujo falsificando documentos para eliminar la existencia de una orden del TSJ de demolición

29.11.2016 | 04:30
Investigan a una pareja por ocultar una orden de derribo para vender un chalé de 30 millones

Se vende chalé de lujo de 500 metros cuadrados en l'Alfàs del Pi, dentro del parque natural de la privilegiada Serra Gelada, en un acantilado al borde del mar, con escalera privada de acceso a la playa, por 30 millones de euros... ocultando la existencia de una orden judicial de derribo de una parte de la propiedad por carecer de licencia y hallarse en suelo no urbanizable de especial protección.

La Guardia Civil de Alicante investiga a un matrimonio de l'Alfàs del Pi, un hombre de 64 años y una mujer de 35, ambos españoles, por un supuesto delito de falsedad documental y otro de insolvencia punible (alzamiento de bienes), ya que trataban de facilitar la venta sin cargas de una propiedad valorada en 30 millones de euros pese a existir una orden de derribo parcial.

Agentes de la Guardia Civil de Alicante han realizado una exhaustiva y detallada tarea de investigación sobre estas personas, un matrimonio de empresarios de nacionalidad española, por haber realizado, supuestamente, actos de disposición patrimonial y de descapitalización de una mercantil y de su propio patrimonio, con el aparente propósito de dificultar e impedir distintos embargos y procedimientos ejecutivos de apremio, iniciados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo estos de una cuantía total de unos 300.000 euros.

Según explicaron ayer desde la Comandancia de la Guardia Civil, los dos investigados, a fin de evitar dichos embargos, utilizaban una sociedad instrumental que, a pesar de carecer de actividad alguna, era capaz de comprar las propiedades en cuestión, valoradas en más de 4 millones de euros.

Los agentes han podido comprobar y demostrar que la sociedad pantalla utilizada, que fundó el propio investigado, es administrada en el momento en que tienen lugar las compraventas de estas propiedades por un ciudadano de origen búlgaro, el cual resulta ser en realidad su jardinero.

Uno de los investigados llegó incluso a realizar manifestaciones en escritura notarial contrarias a lo dictado en sentencia judicial, valiéndose de ello mediante un certificado del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi, que corresponde a otra infracción, para confeccionar un protocolo notarial de solicitud de cancelación de infracción urbanística.

Una vez confeccionada el acta notarial, el investigado se personó en el Registro de la Propiedad y canceló la anotación de infracción urbanística existente en el mismo, valiéndose de este documento falsificado, la cual fue inscrita por decreto del Ayuntamiento e iniciada por la construcción sin licencia de una vivienda unifamiliar aislada en una parcela de Suelo No Urbanizable de especial protección (Parque Natural de Serra Gelada), en la finca Amerador.

De la investigación realizada y, teniendo en cuenta que el expediente de disciplina urbanística se encuentra vigente y pendiente de restauración de la legalidad con orden de demolición, se ha podido obtener que la finalidad de cancelar la anotación de infracción urbanística era la de vender dicha vivienda sin carga alguna, estando actualmente a la venta en diferentes páginas web de compraventa de viviendas, por un valor de 30 millones de euros. Las numerosas diligencias policiales de esta extensa y fructífera investigación, por un supuesto delito de falsedad documental y otro de insolvencia punible (alzamiento de bienes), ya han sido entregadas en el Juzgado de Benidorm.

Esta finca, conocida como Amerador o «Casita del Pescador», se levantó en los años 60, antes de que fuera protegida la Serra Gelada, pero el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi denegó en 2007 que se ampliara con una vivienda anexa de unos 50 metros cuadrados al estar terminantemente prohibido, a pesar de lo cual los propietarios siguieron adelante, ordenando el TSJ en enero de 2015 la demolición de la nueva obra al ser ilegalizable.

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