La consellera de Justicia Gabriela Bravo presentó ayer en Alicante la nueva red de oficinas de asistencia a las víctimas del delito, que se incrementan de 16 a 21 en toda la Comunidad. En la provincia habrá dos grandes oficinas centrales en Alicante y en Elche y otras seis comarcales en Alcoy, Benidorm, Dénia, Torrevieja, Orihuela y a las que ahora se suma Elda. Estas sedes superan el anterior modelo de asistencia jurídica a las víctimas, para pasar a dar un servicio integral a las víctimas. Psicólogos, abogados, trabajadores sociales, criminólogos y el personal necesario para dar a la víctima del delito la atención que necesita, explicó ayer Gabriela Bravo.
La Conselleria ha presupuestado para 2017 1,1 millones de euros, a los que hay que sumar otro millón más del presupuesto de las antiguas oficinas que serán absorbidas por esta nueva red. En total había 33 trabajadores en las antiguas oficinas y la mayoría de ellos serán absorbidos por las nuevas. Por el momento, no hay un número establecido de profesionales para trabajar en ellas. La idea es que no todos se limitarán a la ciudad en la que se encuentren, sino que se prevé que puedan desplazarse a atender a víctimas de otras poblaciones.
Bravo señaló que está prevista una pequeña remodelación de la sede que tienen en la primera planta de los juzgados de Benalúa para adecentarlas para la atención al público. Según explicó ya hay una partida para estos trabajos que han sido adjudicados.
Bravo subrayó que un 80 por ciento de las 3.143 personas atendidas en estas oficinas son víctimas de violencia de género, por este motivo éste será uno de los delitos a los que mayor atención se va a prestar. Aunque la consellera señaló que la intención es hacer programas de atención individualizados a las víctimas de cualquier delito, desde delitos sexuales, a trata de blancas, delitos de odio y víctimas de la represión. «Queremos que las víctimas se sientan amparadas y respaldadas cuando vengan a solicitar nuestro apoyo», dijo.
