La familia de una alicantina asesinada en Colombia ha iniciado la lucha para la lograr la exhumación del cadáver, enterrado en el cementerio de Alicante desde que se repatrió su cuerpo. Sus allegados recibieron un mazazo el pasado abril cuando les comunicaron que María José Escudero Galindo había aparecido muerta en el municipio colombiano de Itagüi, cerca de Medellín. Las autoridades apuntaban desde el primer momento a que se trataba de una sobredosis y que no habían signos de violencia. Sin embargo, ya con el cadáver en España, la familia ha recibido hace poco el informe de la autopsia practicada en Colombia y que establecía que la mujer fue estrangulada. Tanto la madre como la hermana de la fallecida están convencidas de que María José, la víctima, luchó contra su agresor y debió ingeniárselas para conseguir un vestigio de su ADN con algún arañazo.
El trágico desenlace de María José Escudero, que tenía 40 años de edad, vino marcado desde que sufriera una depresión años atrás que la hizo abandonar su trabajo de enfermera, metiéndose de lleno en el mundo de la droga, dejando de lado a su familia y a sus dos hijos, cayendo en un entorno perjudicial para su adicción a la cocaína. Se marchó a Colombia, donde fue sorprendida con 440 gramos de cocaína en la mochila en un aeropuerto, hecho por el que fue condenada a 28 meses de prisión en aquel país. Aunque sus parientes a través de sus abogados pretendían que cumpliera la pena en España, la juez le suspendió la pena al cabo de unos meses pero con la prohibición de abandonar el país durante tres años, plazo que se podía prorrogar otras dos veces. La intención de la familia era que el juzgado accediera a la vuelta a España bajo el control de un juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Sin embargo, la falta de un convenio entre los dos países para regular esta situación, ha hecho que la familia haya estado dándose con un muro burocrático, yendo a ver a la juez sin ningún resultado.
Condenados a malvivir libres
Se estima que más de 200 españoles se encuentran cumpliendo condena en cárceles colombianas, en su mayoría por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Es menos conocido que a algunos se les suspende la pena y acaban atrapados en el país, sin trabajo, sin recursos y sin asistencia médica.
La familia de María José sostiene que ella ya había conseguido alejarse de las drogas desde su entrada en prisión. «Tuvo la suerte de que en el módulo en el que se encontraba no había drogas», señaló a este diario su hermana, Cristina Escudero. Tras quedar en libertad, señalan que siguió limpia, con alguna recaída. La familia iba mandando dinero para ayudarla, pero se lo daban a una persona próxima para que se lo fuera administrando.
María José intentaba ganarse la vida, mientras sus parientes intentaba resolver los escollos legales para traerla a España, rebuscando entre las basuras para hacer labores de reciclaje de objetos. Bastó precisamente esta circunstancia para que los Servicios Sociales colombianos les denegaran una tarjeta para asistencia sanitaria a indigentes porque consideraban que ella estaba capacitada para tener recursos.
La última vez que sus familiares fueron a Colombia para visitarla se encontraron horrorizados con que su aspecto físico se había deteriorado mucho y apenas pesaba ya 38 kilos. Fue en ese momento cuando se encontraron con los problemas para encontrarle asistencia médica.
Sangre y colillas
El crimen se produjo el 9 de abril, cuando el cadáver se encontró en el apartamento en el que vivía. Las autoridades colombianas se apresuraron a decir que se trataba de una muerte por «sobredosis de sustancias alucinógenas» y que en la casa no se habían encontrado signos de violencia. Las circunstancias del fallecimiento fueron un doble golpe para la familia, porque estaban convencidos de que María José ya había dejado las drogas. «Sabíamos que no podía ser, pero nos miraban como si fuéramos unos ilusos», aseguró a este diario Marisa Galindo, madre de la fallecida. En todo momento, pensaban que María José había fallecido por causas naturales a causa de su deterioro físico. Pero a través de unas fotografías de la vivienda tomadas una vez que se llevaron el cadáver, pudieron ver manchas de sangre en el suelo y un cenicero con colillas que nadie se llevó.
Tras el verano, y con el cadáver ya enterrado en Alicante, la familia recibía a través de la embajada una carta que se les remitió desde la Fiscalía colombiana comunicando que, según la autopsia, María José falleció por «estrangulamiento y sofocación» debido a la «obstrucción mecánica de la vía aérea superior». Al tratarse de una muerte violenta, la vía para investigar sería que un juzgado de Colombia se lo pidiera a sus homólogos españoles. Confían en que en el cadáver puede haber restos del asesino que ayuden a identificarle ante las sospechas de que esas pruebas no se hicieron en Colombia.
