26 de noviembre de 2016

El fiscal descarta recurrir la absolución de Ortiz y Galea por fraude fiscal

El Ministerio Público cree que tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la apelación no prosperaría

26.11.2016 | 00:00

La Fiscalía no recurrirá la sentencia que absolvió a los empresarios Enrique Ortiz y Rafael Galea de un delito de fraude fiscal al considerar que no hay posibilidad de que éste prosperara, según confirmaron a este diario fuentes del Ministerio Público. Ayer era el último día para presentar recurso ante el juzgado de lo Penal número uno de Alicante. La Abogacía del Estado, que ejercía la acusación particular en representación de la Agencia Tributaria, no aclaró ayer si finalmente iba a apelar o no.

El fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, aseguró ayer que «en los términos en que está redactada la sentencia, siendo una cuestión de valoración de la prueba, y dados los requisitos que se exigen a las acusaciones para recurrir tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no se estima procedente».

La magistrada Teresa Belmonte absolvió hace dos semanas a los empresarios Enrique Ortiz y Rafael Galea del presunto fraude fiscal que les llevó al banquillo por una operación de venta de nueve parcelas de 239.000 metros cuadrados en el PAU 4 de la Playa de San Juan en el año 2006. La Fiscalía y la Abogacía del Estado les acusaban de haber simulado el alquiler de las parcelas antes de la operación para permitir a Hansa recibir beneficios fiscales de seis millones de euros que no le correspondían. La sentencia no era firme y contra ella cabía recurso ante la Audiencia, considera que no hubo intención de defraudar, ni se causó un quebranto a la Hacienda Pública.

Durante las últimas dos semanas, tanto en la Fiscalía como en la Abogacía del Estado, se ha estado analizando la resolución en busca de posibles flecos que permitieran la apelación. Tras la decisión del Ministerio Público, quedar por dilucidar si la Abogacía del Estado opta por el mismo criterio.

Junto a Ortiz y Galea, estaban acusados los empresarios Miguel Ballestar, Miguel Carratalá y Vicente Pérez Cañas. Otro socio de Ortiz, Aurelio González Villarejo, estaba también imputado, pero fue apartado del proceso meses antes del juicio debido a que padecía una grave enfermedad degenerativa. Antes del juicio, el empresario Enrique Ortiz había abonado los ocho millones de euros que reclamaba la Agencia Tributaria, un dinero que le tendrá que ser devuelto cuando sea firme el fallo.

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