La reforma de los juzgados de Benalúa en Alicante no podrá comenzar antes de diciembre de 2017. Así lo admitió ayer la consellera de Justicia Gabriela Bravo tras una reunión con el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante para tratar de solucionar los problemas de protección del edificio. El Palacio de Justicia figura dentro del Catálogo Municipal de Edificios Protegidos, lo que limita el número de actuaciones que se puedan acometer en él.

Tanto Ayuntamiento como Conselleria destacaron ayer tras la reunión que había buen entendimiento y total colaboración entre ambas partes y que en el plazo de una semana se podrían encontrar soluciones técnicas al problema. Por lo pronto, Bravo admitió ayer que ya se estaban buscando alternativas para ubicar juzgados fuera del edificio en alguna sede próxima, porque no van a caber todos. La Conselleria busca 10.000 metros cuadrados adicionales para el edificio judicial, pero el citado catálogo, que aún no está aprobado, impide aumentar la volumetría del inmueble.

Un inmueble histórico

El Palacio de Justicia de Benalúa se habilitó en una antigua cárcel, y se trata de un edificio protegido por su valor histórico, ya que en sus calabozos falleció el poeta Miguel Hernández. Los recortes presupuestarios que impuso la crisis económica motivó que la anterior administración autonómica del PP enterrara el proyecto de la Ciudad de la Justicia, un macroedificio destinado a albergar todos los órganos judiciales. La Conselleria optó por una remodelación de la Audiencia, que ya está acabada, y del Palacio de Benalúa, que debería haber comenzado este año.

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, aseguró ayer a este diario que la parte más controvertida del proyecto es las nuevas instalaciones que se pretendían habilitar en el llamado Patio de los Naranjos. «Puede haber un cerramiento provisional para que estén allí los juzgados mientras se ejecutan las obras», explicó, pero el cierre total del patio, que era la antigua entrada al recinto, sí supondría una alteración del planeamiento original.

Sin demoliciones

Pavón descartó ayer a este diario que los añadidos que se han hecho para los juzgados de Menores y de Familia vayan a ser demolidos. «Tan solo se especifica en la ficha que no se debe generar ningún nuevo elemento que no corresponda a la concepción original del edificio», puntualizó. Pavón aseguró que la mayoría de las actuaciones previstas por la Conselleria tienen encaje y son viables. No hay problemas en la reparación de las cornisas y de las obras previstas en el interior.

Otro punto controvertido es la actuación prevista en los bajos del inmueble, para albergar el archivo y la ampliación de los calabozos. El principal escollo es la posible presencia de refugios de la Guerra Civil en el subsuelo, aunque no se sabe realmente si éstos siguen existiendo y si los responsables de las obras se los encontrarán cuando acometan los trabajos. Los técnicos estudian la viabilidad de las propuestas del proyecto de la Conselleria para el subsuelo.

Gabriela Bravo señaló que la conselleria ha actuado con previsión. «Que todo esto hubiera surgido en el momento en que hubieran empezado las obras, hubiera causado un problema todavía mayor», señaló, al tiempo que explicó que no podía exponerse a una paralización de las obras por parte del Ayuntamiento en caso de incumplir la normativa urbanística.